Worst Case Scenario

Este es un caso netamente hipotético y esperemos que el futuro de Colombia esté lejos del mismo. Es, sin embargo, un escenario posible y plausible, y como tal es nuestro deber buscar los mecanismos para que esto no suceda.

En los EE.UU. están en plena campaña electoral y todos los candidatos, incluyendo los republicanos, quieren apartarse del fiasco de George W. Bush en Irak. En el caso de los demócratas, los dos favoritos: Hillary Clinton y Barak Obama, han sido críticos del TLC con Colombia y quieren apartarse en lo posible de involucrarse directamente en una nueva lucha antiinsurgente, o de relaciones con gobiernos que no hacen lo suficiente para proteger a sus propios sindicatos.

En noviembre gana el tiquete Clinton-Obama (u Obama-Clinton).

Mientras tanto, la ofensiva de Chávez empieza a materializarse. Si bien la Unión Europea no saca a las FARC de la lista de grupos terroristas, algunos gobiernos tales como el danés declaran que no tienen jurisdicción absoluta sobre cualquier subdito propio que financie a las FARC. Ecuador, Bolivia, Nicaragua y otros países declaran que las FARC no son terroristas y les reconocen estatus de fuerzas beligerantes pudiendo tener representaciones en sus propios países. Desde luego: Venezuela encabeza la lista.

En respuesta, el gobierno colombiano rompe relaciones diplomáticas, bien oficialmente o bien de facto (llamado permanente a consultas a los embajadores), perdiendo así interlocusión con tales gobiernos. Venezuela no sólo permite la presencia de representantes de las FARC sino que permite la instalación de campamentos permanentes. Ecuador llega también a un acuerdo con las FARC que les permite usar el territorio ecuatoriano con la condición de que no atenten contra ciudadanos o intereses de ese país. El apoyo de Venezuela no se limita a la representación y al territorio sino que empieza a ofrecer armamento moderno a las FARC.

El gobierno continúa con los bombardeos y el acoso permanente a las FARC dentro de Colombia y ante la gravedad de la situación diplomática vuelven a aumentar los falsos positivos, producto de la presión del gobierno a las fuerzas militares. Hay un ligero aumento en el paramilitarismo producto del desencanto ante la Ley de Justicia y Paz y varios sectores sindicales son víctimas de estos grupos emergentes o de los falsos positivos. Aunque el ejecutivo tiene una real convicción de perseguir a los paramilitares emergentes y proteger a los sindicatos sus esfuerzos no son suficientes y la percepción es que el gobierno patrocina tales actos. Nacionalmente la opinión pública justifica estos crímenes porque si los matan es porque están relacionados con las FARC. Internacionalmente estos crímenes son inadmisibles.

Tras ese 2008, llega enero de 2009 con la posesión del tiquete demócrata. Las denuncias de crímenes contra sindicalistas han venido aumentando y en conclusión no sólo no se aprueba el TLC sino que tampoco se renueva el APDEA ni el Plan Colombia. Esto, aunado con el vaivén económico que se empieza a manifestar en 2008 y el cierre de las fronteras venezolanas para productos colombianos generan un impacto negativo en las industrias colombianas, las cuales pierden completamente la confianza en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Varias empresas quiebran, otras se reducen, y en general aumenta el desempleo. No solo los empresarios sino todo el pueblo se desilusiona de Uribe.

En medio de la crisis, la ventaja estratégica y logística que logran las FARC manteniendo campamentos permanentes en Venezuela y Ecuador aunado con un mejor armamento, les permite tomar la iniciativa en algunos puntos, llegando incluso a obtener corredores seguros y control territorial real en algunas partes del territorio. Misiles tierra-aire les permiten conjurar la supremacía aérea de las fuerzas constitucionales.

Los secuestrados “canjeables” corren una de tres suertes posibles: son entregados a representantes internacionales como muestras de buena voluntad, mueren en intentos o supuestos intentos de rescate (o por enfermedades), o continúan a todo lo largo de 2008 y 2009 como prisioneros de las FARC. Al aumentar la capacidad de control territorial, las FARC recuperan la habilidad de lograr secuestros de políticos o militares. Durante el 2009 las FARC mantienen una cifra más o menos estable de 20 a 25 canjeables, aún descontando bajas y entregas gota a gota. Íngrid Betancourt muere en cautiverio por problemas de salud y sus hijas y su madre declaran en todo el mundo que la culpa es de Uribe por no acceder a un acuerdo humanitario.

Algunos golpes espectaculares de las FARC contra las fuerzas constitucionales, dejan la sensación de que el gobierno no es capaz de detener a las FARC. Por otro lado, y gracias a las nuevas ventajas estratégicas, las FARC concentran sus objetivos contra las fuerzas militares constitucionales y representantes del estado. La población civil puede temer el secuestro extorsivo pero no atentados directos contra la vida (p. ej. bombas). Esta mayor selectividad, que busca recuperar imagen internacional, también le permite a las FARC mejorar ligeramente la imagen interna. el pueblo raso deja de ver a las FARC como una gran amenaza y ante la crisis económica que evidencia los desaciertos de la administración Uribe en ese campo, parte del discurso de las FARC empieza a permear a la población civil.

Llega 2010. El país está en una crisis económica, las FARC han retomado la iniciativa. El gobierno ha caído dramáticamente en las encuestas y su credibilidad internacional está en el piso, el desempleo supera el 20% y no se ve salida. Ante tanta incertidumbre algún candidato con propuestas populistas se impone en las elecciones de mayo y se reafirma en las de junio.

La clase empresarial que retiró el apoyo a Uribe, ve al nuevo presidente con aun mayor incertidumbre. Las medidas tomadas por el nuevo gobierno para evitar los despidos genera la quiebra de varias empresas y en su retórica populista, el nuevo gobierno culpa a los empresarios. En su intención de congraciarse con Venezuela, el nuevo gobierno inicia conversaciones con las FARC, que incluyen un alto el fuego unilateral de parte del gobierno y un área despejada.

Ante estas circunstancias, las FARC consolidan su posición bélica y durante las negociaciones comprometen al gobierno en un cambio estructural en el modelo del estado. Las fuerzas paramilitares empiezan a consolidarse. Las fuerzas armadas, sintiéndose traicionadas por el gobierno, hacen muy poco para controlar al nuevo paramilitarismo y lo alientan. Las ordenes del gobierno para someter a las autodefensas (parte por convicción, parte por exigencia de las FARC), son infructuosas. Antes de completar un año de gobierno, hay una guerra civil de gran escala con las FARC (apoyadas ya abiertamente por Venezuela) por un lado, y una combinación de antiguas fuerzas armadas constitucionales y autodefensas por el otro. El gobierno, no puede comprometerse a apoyar a las FARC por medio de las fuerzas militares leales a la constitución y en sus titubeos es derrocado por la milicia. La tradición colombiana descarta un gobierno militar, y en su afán de parecer defensores de la constitución de 1991, los golpistas proclaman a algún presidente civil interino mientras se convoca a elecciones.

Internacionalmente ninguna de las partes del conflicto: las FARC por un lado, las Fuerzas Militares golpistas por el otro, representan un gobierno legítimo. Ambas fuerzas controlan territorio. Ambas fuerzas utilizan el comercio ilegal de drogas como parte de su financiación. Ni la OEA ni los EE.UU. apoyan abiertamente a las fuerzas golpistas, pero tampoco apoyan a las FARC. Las fuerzas golpistas tienen un mayor poder militar, pero tienen menos apoyo internacional. En este limbo termina de transcurrir 2010 y 2011, y en diciembre de 2011, Cháves toma una maniobra audaz: invade a Colombia con el pretexto de restaurar el orden constitucional.

Presionado por el estado de las cosas y a la luz de las mayorías republicanas en el Congreso estadounidense conseguidas en noviembre de 2010, los EE.UU. toman la decisión de apoyar al gobierno interino tras la invasión venezolana. Este apoyo no se materializa en acciones militares directas, sino en prestar asesorías, apoyo logístico y armamentos a las fuerzas defensoras.

Venezuela suspende el envío de petróleo a los EE.UU. lo cual alienta a los halcones de Washington a declarar completamente inadmisible la presencia de Chávez en Venezuela y deciden aplicar la táctica Jadafi: bombardean centros importantes de producción petrolera de Venezuela, suspendiendo completamente la capacidad de exportar por los próximos dos años.

Dos años son un tiempo suficiente para que la chequera de Chávez pase a saldo en rojo, y como tal su diplomacia de petrodólares pierde efectividad. En Colombia esto se refleja en que las fuerzas bolivarianas de las FARC pierden el apoyo de Venezuela y por lo tanto su capacidad de derrotar a las antiguas fuerzas militares constitucionales, sin que estas tengan todavía la capacidad de derrotar a las FARC y sus aliados. Esta situación de un país dividido y en guerra civil se prolonga hasta 2014 y se ha expandido a Venezuela y Ecuador.

Cuando Venezuela recupera la capacidad de exportar crudo, el gobierno de Chávez está muy debilitado y el pueblo exige proteger la integridad de Venezuela de la guerra en Colombia (de cualquiera de las partes), lo cual incluye romper completamente las ayudas a las FARC y permitirles usar territorio venezolano.

En el territorio controlado, el gobierno interino pretende organizar elecciones en 2014. Estas elecciones se llevan a cabo con una alta abstención en las zonas calientes y una participación moderada en las zonas aseguradas por el gobierno interino y las antiguas fuerzas constitucionales. El depuesto presidente de 2010 reconoce los resultados de estas elecciones, lo cual da una vía libre para que la comunidad internacional reconozca al nuevo gobierno como legítimo. Sin embargo las FARC controlan grandes cantidades de territorio, tienen un armamento equiparable al de las fuerzas constitucionales (incluyendo una pequeña fuerza aérea), y están muy lejos de una derrota, aun cuando pierdan todo el apoyo internacional que han ganado desde 2008. Tampoco tienen un camino seguro a una victoria.

El gobierno de 2014 tiene un mandato claro para lograr la legitimidad: deshacerse del paramilitarismo y buscar un armisticio con las FARC. Se establece para la negociación que las FARC pueden ejercer control territorial en los territorios que controlan sin disputa, e igualmente las fuerzas constitucionales y la población civil no deben ser agredidas en las zonas de pleno control. El gobierno logra negociar también un cese de hostilidades de parte de las autodefensas ilegales. En las zonas en disputa se declara un alto el fuego como preámbulo a las negociaciones.

Los alto el fuego son frágiles y se rompen y restablecen todo el tiempo, pero las partes respetan las zonas declaradas controladas por la contraparte. Las FARC se comprometen a la renuncia total de practicas consideradas terroristas y se someten a los protocolos de Viena y de Ginebra sobre derecho de guerra y derecho humanitario. Igualmente se comprometen a desmontar la producción y el tráfico de estupefacientes. Otro tanto le corresponde al gobierno constitucional respecto a los grupos paramilitares.

Los acuerdos parecen avanzar. Ambas partes adquieren reconocimiento internacional. Las FARC tienen un control efectivo y legalizado de parte del territorio y lo mismo sucede con el gobierno institucional. Todo 2015 transcurre en medio de esta armisticio y de conversaciones. Pero a mediados de 2016, cuando las partes están optimistas de lograr un acuerdo, un nuevo rompimiento del alto el fuego en una de las zonas disputadas, escala pronto en una ruptura de las negociaciones, y la guerra se restablece.

Finalmente, sobre 2020 se logra un acuerdo definitivo entre las FARC y las fuerzas constitucionales. Se aprueba una nueva constitución la cual es refrendada en las urnas. Sin embargo, tras una década de guerra civil, hay demasiados agentes armados. Varios grupos se oponen a dejar el lucrativo negocio del narcotráfico, otros se conforman en pandillas inspirados en los maras centroamericanos, controlando distintos tipos de negocios ilegales. El poder militar de estos grupos, que no pretenden control político, es tal que las nuevas fuerzas constitucionales (conformadas por una combinación de las antiguas fuerzas constitucionales y combatientes de las FARC) son incapaces de controlar estos grupos. En la práctica se prefiere ignorarlos y pretender que son una amenaza menor al nuevo orden constitucional.

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