Sin embargo, ¿son nuestras realidades el resultado de una gran conspiración de unos pocos seres humanos privilegiados que mueven el mundo tras bambalinas haciéndonos creer que el libre albedrío existe y que nosotros elegimos a nuestros gobernantes?  Personalmente estoy convencido que sí existen grupos de poder muy poderosos por encima de las estructuras de poder de nuestros estados, pero creo que tales grupos de poder no tienen un control omnipotente de todo lo que sucede en el mundo.

La mayoría de las teorías conspiracionistas creen descubrir las motivaciones de tales grupos.  Personalmente creo que la gran mayoría de las teorías conspiracionistas están erradas y que esa gran conspiración de poderosos es mucho más prosaica de lo que se están imaginando.  La mayor parte de nuestras grandes desgracias pueden ser más fácilmente explicadas por que todos nosotros y nuestros gobernantes nos equivocamos, cometemos errores, o simplemente cometemos estupideces, sin que sea necesario que fuerzas obscuras hayan maquinado tales desgracias.

Creo que lo más parecido a un modelo político perfecto es la democracia constitucional liberal, entendiendo por democracia un modelo de estado en el que se consulta al pueblo sobre sus destinos, por constitucional que es regida por una serie de principios y por liberal que es incluyente y basada en el respeto a las libertades individuales; pero con todo tengo mis dudas que una democracia constitucional liberal se adapte a todas las situaciones y convenga a todos.

Colombia está definida en su constitución como un estado social de derecho. Un estado de derecho es aquel regido por unas leyes y no sobre el capricho de sus gobernantes. Por social se entiende que se incluye la sociedad toda y se busca compensar a los menos favorecidos por las posibles inequidades que puedan surgir. Yendo más allá, Colombia incorpora las bases de una democracia liberal constitucional.

Tomando la letra de nuestra constitución y creyéndonosla, tenemos que somos un estado liberal, social, constitucional, democrático y de derecho. Se respetan las libertades individuales y más de una decena de artículos de la constitución están consagrados a explicarnos nuestros derechos. Se favorece la opinión ciudadana y existen mecanismos para que los ciudadanos podamos participar en las decisiones del estado. Y existiendo así mecanismos para que el pueblo participe dentro de la constitución y la ley, entonces cualquier intento de participar por fuera de la ley se convierte en un despreciable acto de sabotaje.

Pero por muy incluyente que sea el estado en el papel, éste no podrá incluir todas las opciones. El conflicto es inherente en las sociedades humanas ya que todos nosotros requerimos cosas que pueden llegar a estar en conflicto con los requerimientos del otro. La forma en la que la sociedad resuelve estos conflictos nos da un modelo de estado. En la democracia liberal, se parte de la libertad de los individuos para que estos decidan, bien por voto directo, o bien a través de un representante, cómo será ese modelo de estado: cómo se han de resolver los conflictos.

Colombia es una democracia representativa, pero ¿qué tan representativos son nuestros representantes? ¿El senador que elegí sí vota como yo hubiera querido? ¿O, la verdad, no tengo idea siquiera cómo se desempeña mi senador? ¿O no salió elegido y mi voto sólo ayudó a otro de la lista en quien confío menos? ¿O no voté?

No conozco las últimas encuestas pero hace unos pocos años el congreso era una de las instituciones en las que los colombianos menos creíamos, y eso refleja una cosa: no creemos que el congreso nos represente en un sentido positivo. Y cuando nuestros representantes no nos representan, la democracia está viciada. Pero aunque no lo estuviera, en la democracia finalmente deben tomarse decisiones, decisiones que serán tomadas por la mayoría de quienes se les ha otorgado la responsabilidad. Pero siempre habrá una minoría.

Una democracia liberal garantiza derechos a la minoría, pero toma la decisión de la mayoría. No hay nada inherente que implique que la mayoría tenga siempre la razón; a duras penas hay una correlación entre lo que la mayoría decide y lo que es conveniente para esta mayoría. Pero, aunque se respeten los derechos democráticos de la minoría, tales como el derecho a expresarse, es claro que cuando una decisión modela a un estado y a la forma como se administran los conflictos en esta, una decisión implicará la sistemática resolución de los conflictos en contra de unos y en beneficio de otros.

Aunque garantizar el derecho a la voz a las minorías podrá eventualmente conducirlas a convencer a la mayoría, es claro que el sistema no es perfecto. El conflicto es inherente, y la forma como se manifiesta el conflicto puede llegar en ocasiones a generar violencia.

Este gobierno nos ha tratado de imponer un lenguaje. Nos dice que en Colombia no hay un conflicto armado interno porque nuestra constitución nos garantiza que somos un Estado Social de Derecho, y por lo tanto cualquier conflicto entre conciudadanos tiene una solución por medio de la legalidad y, por lo tanto, cualquier manifestación violenta contra el estado no forma parte de un conflicto sino de una amenaza contra el estado y contra la patria. Entonces las FARC y el ELN no son actores del conflicto sino amenazas terroristas.

Pero el hecho es que hay colombianos que mueren y que son mutilados en medio de esta amenaza terrorista. Colombianos que están o no a favor del sistema. Colombianos que están por convicción y colombianos que están por error. Colombianos que tomaron las armas como respuesta a un conflicto social, y colombianos que no creen en las armas pero que han muerto por ellas igualmente. Desde luego que hay conflictos sociales. Hay conflicto cuando una parte de la población requiere de la economía que genera la exportación de carbón y otra parte prefiere devengar del turismo que pagará más y mejor cuando disfrute de playas limpias. Y colombianos que preferirán que nuestros manglares no sean tocados ni por los puertos carboneros ni por los complejos turísticos con la esperanza de que exista todavía algo de naturaleza para nuestros hijos y nietos.

Hay conflicto cuando requerimos de los agrocombustibles como una alternativa a seguir quemando nuestras fuentes de petróleo, pero quienes hoy poseen las tierras para sembrar palma africana son comunidades que no tienen nada más que esas tierras ancestrales, y conflicto cuando una vez adquiridas esas tierras, estos empresarios del agro tumban el monte de nuestro biodiverso país para reemplazarlo por monocultivos.

Y cuando nuestros representantes votan una ley forestal, o una ley de tenencia de tierras, o de uso de suelos para el turismo o la actividad portuaria carbonera, etc., entonces nuestros representantes están decidiendo sobre una forma de resolver estos conflictos, favoreciendo a unos y perjudicando a otros.

Y así como hay un conflicto social hay también un conflicto armado. Podrá ser ilegítimo, poco representativo y ajeno al real conflicto social, pero existe. Ignorarlo no lo hará desaparecer, ni reconocerlo implicará reconocer justa causa al otro bando.

La otra parte del lenguaje que nuestro gobierno nos ha impuesto para que repitamos como cotorras es que no hay crímenes de estado, simplemente porque no hay una ley que los sancione, o un decreto presidencial que los ordene.

Bueno, si una ley promoviera un acto ilegal, ese acto dejaría de ser ilegal. El concepto de crimen de estado no hace referencia a los actos ilegales consagrados como legales en leyes y decretos. No es que el estado, que en el caso de una democracia es responsabilidad de todo el pueblo, ejecute crímenes amparados en las leyes del mismo estado.

El verdadero concepto de crimen de estado es cuando un crimen, un acto ilegal, es cometido sistemáticamente por agentes del estado en representación de ese estado.

Veamos, si un soldado asesina por celos a la novia usando su arma de dotación, eso no es un crimen de estado. El estado es igualmente responsable, pues dio un arma a una persona violenta, pero el grueso de la responsabilidad recae en quien tomó la decisión de usar esa arma contra un civil que no representaba amenaza a la sociedad. A pesar de su uniforme y de su rango, el soldado no actuó en persecución de uno de sus objetivos como agente del estado. Esto es claramente un caso de responsabilidad individual que no compromete al estado.

Otro soldado, tal vez en el rango de sargento o teniente, o coronel o general, tiene como misión controlar a las milicias ilegales, principalmente a las FARC y al ELN. En cumplimiento de esta misión y por fuera de lo que los estatutos le dictan, este soldado permite que civiles armados acosen a los colaboradores de la guerrilla, obtengan información y dejen mensajes en forma de cuerpos mutilados o familias masacradas. Aquí ya hay una diferencia con la novia del soldado celoso y es que los crímenes de este otro soldado, igualmente ilegales, si fueron ejecutados como una extensión de su labor como agente del estado.

Cuando esto sucede, y se desprende también un patrón sistemático, no sólo en que los actos se repitan y se acompañen de otros similares como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura, sino que hay también un patrón sistemático de encubrimiento dentro de las fuerzas militares y hasta llegar al comandante en jefe, entonces el hecho de que sean ilegales y el hecho de que eventualmente jueces independientes al gobierno dicten sentencias condenatorias contra esos agentes del estado, no por ello dejan de ser crímenes de estado.

Pero es más fácil dormir tranquilos sabiendo que no hay conflicto armado ni crímenes de estado de los que debamos preocuparnos.

Estoy con un compañero de viaje por la campiña y vemos, tal vez yo primero, una manzana en lo alto de un árbol. No tengo hambre pero me provocó la manzana, trepo y la bajo, y la guardo para más tarde. Mi compañero, por el contrario no hizo nada para conseguir la manzana, lo más probable fue porque fui yo quien tomó la iniciativa y el sólo observó, o tal vez porque estaba débil. Observó con hambre pues hacía tiempos no comía. ¿Quién tiene más derecho a esa manzana? ¿él que la necesita pero no la pudo conseguir o yo que hice el esfuerzo? Tal vez yo debería ser generoso y dársela, pero ese debe ser un acto mío libre y no una imposición.

Aquí tenemos un dilema ético y un dilema político. Cada uno de nosotros tiene intereses y cada uno de nosotros cree tener el derecho de hacer valer sus intereses. Algunos hemos trabajado por la manzana, otros la necesitan para paliar su hambre, y hay ocasiones donde el trabajo de unos impide a los otros obtener de primera mano sus beneficios esperados. Un sistema político puede tender a favorecer al que adquiere derechos por sí mismo, otro puede preferir favorecer al más necesitado. El primero favorece la desigualdad; el segundo se impone sobre nuestras libertades. En principio ninguno de los dos sistemas políticos es más o menos moral, simplemente se basan en principios distintos. Cada uno tiene sus defensores y sus detractores, y cada uno favorece a intereses diferentes de la población.

Hay otros tipos de conflictos: la tradición contra la innovación; la seguridad contra la libertad; la visión común contra el derecho a disentir.

Mucho se habla sobre los impactos del cambio en una organización. Cuando las cosas no cambian se forman expectativas basadas en lo que vivimos. Tenemos, por ejemplo, nuestros empleos y con ellos sostenemos a nuestros hijos y a nuestros padres y esperamos que cuando seamos viejos y no podamos seguir trabajando sean nuestros hijos quienes nos sostengan. Pero nuestros hijos pueden tener otro plan de vida, tal vez impuesto por el estado que para garantizar la inequidad de esta situación interviene para que cada uno de nosotros trabaje su propia pensión. Nuestros hijos no esperarán que sean nuestros nietos quienes los sostengan de viejos y no esperan tampoco tener que sostener a sus propios viejos. Cuando se hizo el cambio ya estábamos muy viejos para tener nuestro propio ahorro y el estado no nos garantiza una pensión y nuestros hijos están pagando por sus propias pensiones. El cambio, tal vez bien intencionado, afecta mis expectativas, y rompen con lo que yo esperaba. Eso no es justo. Pero continuar la tradición, en la cual los hijos cuidan de sus padres, no es justo tampoco con quienes se hacen viejos sin tener hijos que cuiden de ellos. ¿Tradición o innovación? Algunos nos beneficiaremos de una y otros se beneficiarán de la otra.

Cuando todos profesamos una misma religión, podemos basar nuestro estado en ese sentimiento religioso y calcar los principios éticos de la religión en el funcionamiento del estado. Pero cuando no todos profesamos la misma fe, o no todos entendemos esa fe de la misma forma, surgen nuevos problemas. Religiones como el cristianismo da respuestas simples a inquietudes simples y da respuestas compleja a inquietudes más complejas. Los dirigentes del estado y de la iglesia promueven la sumisión a la fé, pero los intelectuales y los teólogos nos recuerdan que en la prédica de Cristo nos invitaba a sobresalir y a escoger. La misma religión, pero dos visiones enfrentadas. Y en el sentimiento religioso, lo que para uno es un valor, para otros es una tara.

El creyente cree que el demonio enceguece al librepensador y no le permite ver la verdad de Dios. El librepensador cree que el creyente está enceguecido por su propia creencia impuesta por la tradición y los líderes religiosos. Es un conflicto que se hace evidente cuando definimos un modelo de estado. El modelo secular, con separación de iglesia y estado, permite definir principios comunes para los no creyentes y para los creyentes de diferentes religiones, pero eso da pie también a un conflicto personal cuando cada uno de nosotros debe escoger entre la ley suprema de nuestro dios, o la ley de los hombres.

Y viene el asunto de la seguridad. Yo quiero disponer de mi manzana y para mí es una amenaza el estado que me impone compartirla con el vecino, pero también es una amenaza mi otro vecino que simplemente me la quiere robar. Para mi vecino con hambre, el estado que le impide quitarme la manzana es una amenaza también. El estado no sólo debe brindarme unas reglas claras que me permitan decidir si comparto o no mi manzana con mi vecino hambriento, también le exijo que me proteja de quien me la quiere arrebatar por fuera de los conductos legales. Al estado le exijo seguridad: seguridad contra los rateros, seguridad contra el crimen organizado, seguridad contra las amenazas naturales, seguridad contra una invasión extranjera, etc.

Pero mis otros vecinos también exigen seguridad para sus propios intereses, y si el estado debe suplir todas esas necesidades de seguridad para todos nosotros, en una sociedad enorme donde no todos nos conocemos personalmente, se corre el riesgo de que el estado nos trate a todos como sospechosos. Ese estado al que yo le exijo seguridad, atenta contra mi libertad. Y esto no sucede sólo a nivel de la relación entre el estado y sus súbditos, sino a nivel personal también. Si yo quiero proteger mis intereses termino formando una jaula alrededor mío, pero esa misma jaula me impide salir con libertad.

Cada cara del prisma, cada dilema ético y social, es un dilema político. La forma de resolver uno u otro problema van dando forma a cada estado y cada modelo de estado favorece a unos y perjudica a otros. Yo puedo creer que lo ideal sería un estado más justo con todos, pero la justicia es un término relativo. ¿Qué es lo justo? ¿Favorecer los derechos adquiridos y las expectativas dictadas por la tradición? ¿o combatir la inequidad favoreciendo siempre al más necesitado? Si la justicia siempre se pone del lado del más débil, no hay incentivos para el progreso personal: es más cómodo y más fácil ser ese débil o aparentar serlo. Es mejor no destacarse. Si por el contrario, la justicia favorece siempre a quien consigue las cosas para sí mismo, aumenta la desigualdad económica y crece la insatisfacción de los débiles quienes, ante una justicia que no los favorece, se sentirán titulados a tomar las cosas por sus propios medios.

No existen modelos únicos de izquierda y derecha. estamos ante un prisma multifacético donde cada pregunta individual se encuentra en una dimensión distinta. Algunos pensadores han definido un esquema de dos dimensiones basados en el grado de libertad económica y el grado de libertad social. Un eje tiene que ver con qué tanto se mete el estado en nuestros propios bolsillos para imponernos gravámenes u otorgarnos subsidios, para permitirnos actuar o para regular nuestra actuación. El otro eje muestra el tamaño del estado en otros asuntos tales como las libertades individuales. ¿Debe el estado imponernos una moral o dejarnos en libertad de que cada uno de nosotros encuentre esa moral?

Dos ejes son todavía insuficientes. Dos estados pueden ser altamente intervencionistas en el aspecto económico y sin embargo muy disímiles: por ejemplo uno puede promover impuestos progresivos (a mayor riqueza mayor porcentaje que se impone en los gravámenes) y una serie de subsidios para compensar a los más pobres, otro estado prefiere esquemas impositivos más simples, pero se mete en el funcionamiento interno de las empresas definiendo al detalle una serie de regulaciones medioambientales y de responsabilidad social que debe cumplir para poder operar. Ambos modelos buscan que los grandes generadores de capital (los ricos, las empresas) favorezcan a los menos favorecidos por medio de imposiciones, pero de formas muy diferentes que dan lugar a conflictos y a oportunidades diferentes. No creo que estén al mismo sentido de un eje izquierda-derecha el modelo de estado que exige a una empresa que no contamine, a un estado que grava enormemente a los dueños de la empresa y reparte la contribución a los trabajadores y desempleados, ni mucho menos el estado que expropia la fábrica y la reparte entre los empleados. Estas diferentes formas de intervenir en las libertades económicas no son necesariamente todas iguales.

No creo que haya un modelo único y perfecto de estado del cual todos los demás sean aberraciones. Cada uno de nosotros encontrará nuevas oportunidades y nuevos conflictos de intereses en cada modelo de estado. Y cada uno de nosotros considerará injusto un modelo de estado que privilegie los intereses de los demás sobre los propios.

Algunas propuestas:

La policía por fuera del ministerio de defensa.

Es de suponer que el objetivo del ministerio de defensa (antes llamado ministerio de guerra) es el de defender a la nación colombiana de un ataque, generalmente externo. Como tal bajo su cargo se encuentran las fuersas militares que son las que ejecutan esta misión.

El objetivo de la policía no es propiamente defender a la nación sino proteger a la ciudadanía como una parte del sistema de administración de justicia, aquello que en inglés llaman law enforcement.

Ahora, hay cosas en las que los papeles de un cuerpo policial y un cierpo militar se encuentran: el uso de las armas. Una milicia sin armas carece de los instrumentos para defender una nación se es atacada por un enemigo armado. Una policía sin armas carece de los instrumentos para someter a un criminal si este está armado. Pero el objetivo de las armas es diferente para cada cuerpo. Un cuerpo militar se prepara para hacer la guerra mientras que la policía se prepara para mantener el orden.

Sólo cuando “el orden” es igual a la guerra, es que ambas funciones se entremezclan… y es aquí donde toca abrir un paréntesis para ver la realidad de nuestra nación.

En Colombia el problema del bandolerismo y de la insurgencia se ha tratado como un problema militar. Gracias a nuestra tradición de guerras civiles durante el siglo XIX, las milicias se han creado, más que para combatir las amenazas extranjeras, como un instrumento para imponer una política y de esos ejércitos partidistas es que nace nuestro ejército nacional y nuestra policía.

Casi no hemos tenido conflictos externos. La misma independencia tuvo mucho de guerra civil y eso es claro con las denominaciones que se daban en la época: no era una lucha de criollos o americanos contra españoles sino de patriotas contra realistas. Alguna incursión ecuatoriana, la guerra contra el Perú a principios del siglo XX, la declaración nominal de guerra a Alemania durante la segunda guerra mundial que no se reflejó en el envío de tropas a luchar en Europa y la participación de Colombia en Corea como parte de las Naciones Unidas.

Por eso nuestas fuerzas militares han estado muy entretenidas en la problemática interna y que fácilmente los gobiernos han usado para combatir o controlar a los bandoleros, a los del partido de oposición o, más adelante, a las autodefensas de Marquetalia.

Las fuerzas militares se preparan para la guerra. Si decidimos que hay que controlar el crimen como si fuera una guerra: la guerra contra el crimen, la guerra contra el narcotráfico, etc. entonces tiene sentido que sean las fuerzas militares las que se encargan del control del crimen.

Por otro lado, si se tiene en cuenta que el crimen no es una amenaza externa a la nación, sino que el crimen es un acto privado de los ciudadanos contra los ciudadanos, entonces al crimen no se le hace la guerra sino que se le somete a la justicia. Es aquí donde interviene todo el aparato de sometimiento a la justicia: la policía y la fiscalía que investigan, la fiscalía que acusa, la policía que detiene, los jueces que juzgan, los defensores del pueblo que se encargan de evitar que los diferentes organizmos se extralimiten, las prisiones que contienen a los criminales convictos, etc.

En este aparato de sometimiento a la justicia interviene el poder judicial, sin duda, pero también el ejecutivo. En el caso colombiano actual, vemos al ejecutivo a través del ministerio de defensa como jefe de la policía, y el ministerio de justicia como el encargado de las prisiones y vemos al poder judicial en los jueces, en los fiscales y en la policía judicial (CTI: Cuerpo Técnico de Investigación) adscrita a la fiscalía.

Personalmente creo que el ordenamiento del aparato de sometimiento a al justicia es un tema bastante complejo. Me parece útil la independencia de la fiscalía frente al ejecutivo, pero preferiría ver a la policía judicial y a la policía nacional en una sola institución por fuera del ministerio de defensa.

En últimas, preferiría tener una policía más civil y menos militar, que asegure el cumplimiento de la ley tanto en el campo como en las ciudades y las cabeceras municipales. Y, desde luego, que no existan guerrillas ni paramilitares y si hay grupos terroristas y criminales que masacran y dezplazan campesinos, la policía esté en capacidad de combatirlos, no como una guerra sino como una forma de controlar el orden para el servicio de los ciudadanos.

Aún hay un camino largo para llegar a ese entonces… en la situación actual sacar al ejercito de la lucha contra la insurgencia, el paramilitarismo y el narcotráfico es algo medio utópico. Dejar de llamarlos “soldados” por “policías” y decir que ya no son parte del ministerio de defensa sino del de justicia es sólo cambiarle de nombre a la situación.

¿Opiniones?

— Carlos Th

Algunas propuestas:

Fortalecimiento del estado. El estado debe ser lo suficientemente fuerte para combatir las amenazas que surjan para la población. Un estado fuerte que se evidencie en, por ejemplo, una oficina de atención a desastres que pueda reaccionar ante un terremoto, rescatando a las víctimas, dando albergue decente a los damnificados mientras reconstruye la infraestructura dañada, canalizando los recursos para que la reconstrucción sea rápida, etc. Un estado fuerte que se refleje en la pronta respuesta a la injusticia, tanto la cometida por los delincuentes comunes como por los mismos funcionarios corruptos del estado.

El fortalecimiento del estado significa un fortalecimiento de las fuerzas armadas del estado, tanto de la policía como de las fuerzas militares. La policía debe garantizar a los ciudadanos la protección ante la delincuencia mientras que las fuerzas militares deben prestar a los ciudadanos protección ante amenazas externas y, en casos extremos, apoyo a la policía cuando un problema delicuencial se agrave.

El fortalecimiento del estado significa también un fortalecimiento de los organizmos de control: de la fiscalía, de la procuraduría, de la contraloría, de la defensoría del pueblo y de las cortes y juzgados. También del sistema penal. De esta forma podemos garantizarle a la ciudadanía que puede vivir a salvo de la delincuencia y de la corrupción. Garantizarles también que el estado mismo no se va a convertir en el opresor. Buscar que porque el vecino me tiene envidia no me vaya a acusar de bruja y me quemen en la hoguera sin que me hayan realizado un juicio justo.

El fortalecimiento del estado no significa un crecimiento desordenado del estado. No significa que se aumenten sin control el número de puestos que devengarán un salario público de debe salir de los bolsillos de los contribuyentes. No. El fortalecimiento del estado significa que los procesos deben hacerse más eficientes y más eficaces y que lo que sobra sobra.

El fortalecimeinto del estado no significa que sea el estado el bien último. Es el pueblo (ricos y pobres), son las personas, los individuos, el bien último. Un estado fuerte no es sinónimo de fascismo… no necesariamente. El estado tiene una función: servir, y esta es también la función de los funcionarios del estado, de los servidores públicos: servir.

Y esto lleva a que el estado deba ser transparente. Las personas no deben trabajar para el estado, sino el estado para las personas. No hay que trabajar para pagar impuestos y llenar papeles, sino para uno mismo, y los mismos funcionarios del estado no deben trabajar para el estado sino para el pueblo que legitimiza al estado.

Porque algo importante, la fortaleza del estado debe partir de su legitimación y de su legitimización por el pueblo. Cuando el estado no representa al pueblo no es fuerte, o es fuerte sólo por la fuerza física, por el temor que las armas producen. Se tienen así estados débiles como el colombiano, o caemos en el extremo de los estados absolutistas como la Alemania nazi o la Unión Soviética.

El estado debe partir del pueblo quien en elecciones libres escoge a sus gobernantes y a sus representantes, quienes se encargarán de la cosa pública (res publica >república), con la legitimidad que el pueblo les da y para servicio del pueblo todo, no como una masa sino como la reunión de todos los ciudadanos, de todas las personas, de todos y cada uno de los individuos.

Ahora bien: ¿quién señala cuáles de estos puntos son de izquierda y cuáles de derecha?

— Carlos Th

Definamos el estado como ese conjunto de organizaciones que controlan institucionalmente a un país. El estado está compuesto, así, por el gobierno, el congreso, las fuersas armadas, los organismos de control, etc.

El estado no incluye a las grandes empresas ni a la insurgencia, que aunque puedan controlar a su modo un país, no son instituciones creadas para ello (no lo controlan institucionalmente).

El otro componente de un país es el pueblo, no como antagonista del estado, ya que las personas que trabajan con el estado son parte del pueblo, sino como complemento.

El objetivo del estado debe ser garantizar que los ciudadanos, que el pueblo, puedan vivir bajo ciertas garantías. Que un ciudadano no tenga que temer que los del pueblo de al lado lo linchen, sólo por vivir en otro poblado. Que un ciudadano sepa que puede realizar un negocio, por ejemplo comprar papa, sin que lo estafen, o sin que le peguen un tiro porque al otro no le gustó la oferta. Desde esas pequeñas cosas que damos por hechas, hasta otras que deberíamos dar por hechas, como que yo pueda disfrutar de un café al lado de un parque sin que me maten con una bomba, sólo porque Menganito había matado a Fulanito y yo no conozco a ninguno de los dos.

Bien. La sociedad: el conjunto de las personas del pueblo, de los ciudadanos de un país, tiene amenazas. Una de las principales amenazas es la delincuencia, entendiendo por delincuencia los actos que individuos realizan y que afectan negativamente a la sociedad. En otras palabras, un delincuente es el que comete un delito y un delito es algo que se ha estipulado como una amenaza a la sociedad. Y la delincuencia es el conjunto de personas que cometen delitos y el conjunto de delitos cometidos.

Bajo este punto de vista, un funcionario corrupto del estado es un delincuente y la corrupción es delincuencia. También es delincuente el ratero que deja a la víctima sin plata y sin papeles y sin la cadenita que le regaló la mamá. También es delincuente el que toma un fusil, se va para el monte y se pone a matar policías y campesinos disque porque está luchando contra un estado corrupto. También es delincuente el sargento que envía sus tropas a retener civiles sin justificación disque porque está buscando insurgentes y a ejecutar, extrajudicialmente, a todo retenido que le huela a rojo.

Bien, si el objetivo del estado es garantizarle seguridad a los ciudadanos, el objetivo del estado debe ser eliminar las amenazas a la sociedad, más no, convertirse él mismo en una amenaza a la sociedad. Lo último que debe hacer el estado, y mucho menos la fuerza pública (la parte del estado destinada a controlar la delincuencia, o _law enforcement_ en inglés), es personalizar la lucha contra la delincuencia o contra ciertas manifestaciones de la delincuencia.

En otras palabras, la estado y la fuerza pública no deben considerar ciertas amenazas a la sociedad como “enemigos del estado”. Y este es un error que ha cometido el estado colombiano durante mucho tiempo.

Y es claro. Si la lucha contra la insurgencia es tomada por el estado, no como una lucha para proteger a la sociedad de una amenaza, sino como una guerra para aniquilar a un enemigo, se ha dejado a la sociedad de lado. Y así como ignoramos a la sociedad, en el afán de combatir a la insurgencia bien puede el estado convertirse en una amenaza a la sociedad.

La lucha contra la delincuencia no debe ser nunca una guerra contra los delincuentes. El papel que debe asumir el estado es el de contar con una policía que pueda vigilar y actuar como proyección del estado cuando un delito se comete, pero también debe contar con un fiscal que investigue y acuse, un procurador que se encargue de que el estado funcione bajo sus propias reglas, un defensor del pueblo que controle que el estado no se convierta en una amenaza a la sociedad, un juez que dictamine las culpas y un carcelero que se encargue de evitar que los individuos que amenacen a la sociedad lo sigan haciendo.

El estado para cumplir con su labor no debe confiarse exclusivamente de la fuersa pública sino que debe tener una presencia permanente, pero a la vez discreta, en todos los ámbitos de la sociedad. Desde el notario que atestigua por los negocios celebrados o el alcalde que decide cual vía se va a pavimentar, es estado debe garantizar a los ciudadanos su bienestar.

Si el estado es demasiado omnipresente ahoga; está así la burocracia que exige un montón de papeles sólo para que pueda abrir una tienda. Por otro lado si el estado está ausente, las amenazas a la sociedad crecen y obligan a la larga a que los individuos empiecen a tomar, sin preparación ni control, funciones que corresponden al estado garantizar.

Es así como se forman las milicias antisubersivas como reacción a un estado que no está presente, y apoyadas por una fuerza pública que, incapaz de ganar una guerra contra la delincuencia, recurre a estos grupos de vigilancia, no como una extensión de su labor de proteger, sino como una extensión de su guerra.

Las autodefensas, o paramilitares (según la versión que cada uno acoge), son el resultado de un estado que esta en parte ausente y que tan sólo se proyecta, si acaso, como una fuerza pública que ha olvidado su objetivo de proteger a la sociedad por el objetivo de ganar una guerra.

La misma insurgencia es también una causa de un estado deficiente. Un estado que se ha puesto al servicio de una oligarquía en lugar de la totalidad del pueblo. Un estado que no es capaz de controlar la corrupción de sus funcionarios. Un estado que no es capaz de garantizar a los ciudadanos unas mínimas condiciones de igualdad y dignidad, es lo que ha generado y que mantiene viva a la insurgencia.

La solución a los problemas de Colombia no consisten en luchar contra el estado, o en crear paraestados. La solución de los problemas de Colombia debe partir del estado mismo y de la responsabilidad que como ciudadanons ejercemos sobre el estado que tenemos. Bien sea que el estado se cambie o que los ciudadanos lo cambiemos, pero el objetivo debe ser claro: necesitamos un estado que esté a servicio del pueblo y de la sociedad.

No necesitamos un estado ausente.

No necesitamos un estado paralelo.

No necesitamos un estado sumido en una guerra contra una de las manifestaciones de la falta de estado.

Necesitamos un estado que nos sirva. Un estado que permita que yo pueda vivir tranquilo y progresando en mi vida personal. Un estado que me permita educar a mis hijos. Un estado que me permita reír, disfrutar de una película, llorar por mi bisabuelita que se murió de vieja, tomarme mi salario en una parranda, ahorrar para tener mi casita propia, trabajar mi tierra, comprar la papa y la yuca de la comida de mañana, enamorarme, escribir un poema, disfrutar un cielo estrellado, conocer la maravillas naturales de mi país, empaparme en un aguacero porque olvidé el paraguas o arruinarme en un juego de pocker. Pero tambien un estado que no me permita sobrepasarme. Un estado que no me permita pisotear a mis conciudadanos. Un estado que no me permita olvidarme de mi responsabilidad como miembro de una sociedad.

Necesitamos un estado que le permita al jornalero del campo obtener un pago justo por su trabajo. Que le permita al ganadero producir su carne y exportarla. Que le permita a la multinacional petrolera que pueda entregarle energía al mundo, no sin una justa contraprestación a la nación dueña de las reservas. Que permita opinar a quienes creen que ciertas personas tienen demasiados privilegios y a quienes creen que ciertas otras tienen demasiadas ayudas y a quienes creen que están en el sandwish de la clase media sin privilegios ni ayudas. Y que le permita a cualquiera protegerse de los abusos del estado.

Necesitamos en fin un estado que no le dé papaya a la guerrilla para justificar su guerra, ni le dé papaya a los paramilitares de justificar su guerra. Y que tenga la fuerza suficiente para que si la guerrilla y los paras continúan con su injustificada guerra contra la sociedad, el estado pueda combatir la amenaza en al que estos grupos delincuenciales se han convertido.

— Carlos Th