No hay nada gratis

Un conocido aforismo nos dice que no hay nada gratis. Todo tiene un costo. Todo lo paga alguien.

Otras personas en su afán de mostrar que todo socialismo es un desastre se empecinan en mostrar por qué los socialismos exitosos no son realmente socialismos. China se convirtió en la tercera economía mundial después de Estados Unidos y la Unión Europea (segunda si contamos los países de la U.E. por separado) porque son socialistas sólo de nombre y realmente son capitalistas; o los países nórdicos no son realmente socialistas porque hay libertades económicas.

Recientemente Finlandia suspendió un experimento: la renta básica garantizada, porque falló. No dio los resultados esperados. Falló de la forma como los abogados del libre mercado y el anarco-capitalismo vaticinaban: darle un sueldo a una persona independientemente de si trabajaba o no, elimina el incentivo al trabajo y con ello disminuye la calidad de vida.

Pero este experimento de la renta básica garantizada, es uno que falla entre muchos experimentos que han sido más o menos exitosos y que van en contra de la teoría libertariana.

No hay nada gratis,

Pero un padre sueco no tiene que preocuparse por la matrícula de sus hijos. No sólo tienen los niños residentes en Suecia (suecos o no) sus estudios garantizados, sino que eso no les cuesta a los padres una corona. Ni tienen que gastar en útiles escolares. Y además los niños reciben un almuerzo. Adicionalmente, los chicos tienen derecho a una tarjeta de transporte que les permite viajes ilimitados en el transporte público local entre semana. Y, encima de todo, le pagan a los padres de niños pequeños un subsidio por tener a sus hijos estudiando, dinero que va directamente a los niños cuando cumplen cierta edad.

Desde el punto de vista de los padres, más gratis que eso no puede ser.

Sí. Los maestros reciben un salario. Y el personal de la cocina y cafetería. Y quienes se encargan del mantenimiento de la planta física de las escuelas. Y los burócratas que se encargan del papeleo y de visitar a las familias que, por alguna razón, no han registrado a sus niños en la escuela. ¿Quién lo paga? Pues los mismos suecos, a través de impuestos.

Ahora, una familia con tres hijos, la madre chofer de bus y el padre desempleado, probablemente pague en impuestos mucho menos de lo que sus hijos reciben en educación y el padre en subsidio de desempleo (por no hablar de ciudades limpias, autopistas sin peajes, etc.). Una alta ejecutiva soltera y sin hijos, con un buen salario, por el contrario, estará pagando más impuestos de los que recibe en beneficios. Sí, la ejecutiva está subsidiando a los niños del papá desempleado.

El grueso de los impuestos que se convierte en subsidios, ayudas, servicios gratuitos como educación, salud y autopistas, lo pagan las grandes industrias. Bueno, al menos las industrias que no se «domicilian» en Liechtenstein o Mónaco.

Dentro de mi definición de socialismo, eso es socialismo: el estado se asegura de que las necesidades de la población sean resueltas (educación, gratuita hasta educación terciaria, salud, mantenimiento de la ciudad, autopistas, etc.), dando a cada uno de acuerdo a sus necesidades, y tomando de cada uno de acuerdo a sus posibilidades.

Y para los grandes contribuyentes, por ejemplo los grandes empresarios, es buen negocio. Una población educada significa buenos empleados que saben hacer bien su trabajo. Una población educada significa buenos clientes en el mercado interno. Buenas vías que le permiten mover sus mercancías, y que sus empleados y sus clientes lleguen a donde se producen y se venden sus bienes.

Los anarco-capitalistas dirán que el estado sigue sobrando como intermediario. Que la empresa podría construir las vías y contratar el mantenimiento sin invertir en una burocracia gubernamental al pagar impuestos. Incluso podría pensar que el trazado de las vías construidas de esta forma sería más óptimo para las necesidades de la empresa: vías que realmente sirva a sus empleados y clientes, a sus proveedores y sus mercados, y no que parte de lo que pagan en impuestos se destine a pavimentar vías de quienes no serán empleados, clientes o proveedores.

Y no es que el estado sueco esté libre de corrupción. De cuando en cuando hay titulares en los periódicos de que tal funcionario desfalcó tantos millones de coronas al estado. Suecia también tiene su cuota de elefantes blancos: grandes obras que costaron mucho y sirven a muy pocos, o no sirven y tuvieron que abandonarlas.

Pero, con todo y eso, las empresas suecas, y los millonarios suecos, siguen pagando impuestos en Suecia y apoyando a los gobiernos social-demóctratas, porque prima una visión de sociedad integral, que una visión de lucro individual. Porque entienden que gran parte del éxito individual es parte del éxito como sociedad.

La jornada laboral está entre 30 y 35 horas a la semana. Y el trabajador medio rinde lo mismo que un trabajador estadounidense que trabaja 48 horas a la semana, o un japonés que permanece en la empresa 60 horas a la semana. En parte, tener jornadas más cortas y descansadas es una motivación para lograr su cuota de producción dentro de esas pocas horas y salir a aprovechar su tiempo libre en otras labores. El japonés, por el contrario, su tiempo libre es la empresa, donde nadie lo afana para producir más allá de su cuota. ¿El resto? Juegue Tetris o duerma en la oficina, lo que es socialmente aceptable.

Más tiempo libre y un buen salario (que trabaje menos horas no significa que gane menos si igual produce lo mismo), es más consumo de ocio, lo cual significa un mercado para la industria del ocio, lo cual significa más empleos y más ganancias para otros empresarios. El éxito de la sociedad como conjunto (una idea socialista) repercute en el éxito individual, no sólo de los empleados de cuello azul de la sociedad, sino de los grandes y pequeños empresarios.

Ahora. Esta social-democracia está cimentada en un sistema capitalista con importantes elementos de libre competencia, libre mercado y otras libertades económicas. Esto funciona si hay grandes empresas que paguen sin problema sus impuestos. Funciona con millonarios que paguen impuestos. Si a la empresa no le gusta pagar impuestos, hay países como Liechtenstein y Luxemburgo que con gusto registran las empresas como locales cobrando impuestos mucho más bajos. Si un millonario no le gustan tantos impuestos, bien compra una casa en Mónaco o en Suiza donde los impuestos son más bajos y la registra como su residencia permanente. Gran parte de las operaciones internacionales de empresas suecas como Ericsson, Volvo o Ikea, están domiciliadas fuera de Suecia. Pero hay todavía suficientes empresas suecas y millonarios suecos pagando impuestos, por no hablar de los propios suecos que pagan uno de los IVA más altos del mundo (25%) y compran sus bebidas alcohólicas por medio del monopolio que mantiene el estado.

No hay nada gratis. Un sueco que no ahorre nada de lo que se gana, que se lo gaste todo, está destinando una de cada cinco coronas que gana a pagarle al estado por la educación de sus hijos (o de los hijos de otros), por su salud, por las autopistas que use (o no use), etc. Más de una por cada cinco coronas si le gusta beber mucho. Y esos servicios: educación, salud, vías, etc. los usará cuando los necesite, sin preocuparse del costo. Lo paga con un menor salario del que el empleador podría ofrecerle si el empleador tuviera que pagar menos impuestos (porque definitivamente lo que un empleador se ahorra en impuestos se lo paga a los empleados como salario). Lo paga como sociedad y recibe como parte de la sociedad.

Y funciona.

Tal vez un día el estado se permita cambiar el subsidio de desempleo (y sus condiciones) por una renta básica asegurada (con condiciones distintas). Y fracase como fracasó en Finlandia. Tal vez se extienda un beneficio y se cancele otro. Pero la esencia no cambia: una visión de la sociedad como conjunto con un fuerte componente de «a cada quien según su necesidad y de cada quien según su capacidad», fundado sobre un capitalismo de libre mercado con respeto a la propiedad individual y a las libertades económicas.

¿Funcionaría en Colombia?

Es más complejo.

El estado sueco no es libre de corrupción, y cuando un funcionario roba, roba bastante. Pero es ocasional. Aquí en Colombia la corrupción es sistemática e incluye a funcionarios de todos los niveles. Ha sido tan sistemática la corrupción en nuestros países que hasta los años 1980 una empresa sueca podía deducir de sus impuestos los sobornos que pagaba en nuestros países. Una sociedad tan moralista frente a lo público, veía los sobornos en países tercermundistas como parte de hacer negocios. (Desde luego esas exenciones las desmontaron cuando les hicimos ver su hipocresía.)

Porque eso es lo otro. La corrupción en Suecia es vista como un delito contra el pueblo. Es algo que el pueblo no acepta. Aquí es vista como algo cotidiano. Mientras no se robe mucho es aceptable: hoy por ti mañana por mí. Es aceptable que un policía de tránsito se deje untar, porque tal vez mañana yo pueda librarme de una multa untándolo.

Y por ello mismo desconfiamos. Si nos van a subir nuestros impuestos para que más niños puedan tener educación de calidad, estamos ya anticipando quién se robará esa plata, y luego, los que tenemos la capacidad de pagar esos impuestos, también estamos en capacidad de pagarle un colegio privado a nuestros hijos, así que ¿para qué debo pagarle el colegio a los hijos de los pobres? ¡Que trabajen ellos!

Comenzar una política social subiendo impuestos, en un país como Colombia, con nuestro grado de corrupción estructural, con la desconfianza que nos tenemos, lo que genera es una fuga de capitales. Meter de una toda la gratuidad de servicios suecos en Colombia sería insostenible con los impuestos recolectados y subir los impuestos ahuyentará a los contribuyentes.

Hay otro posible camino. Un atajo. Nacionalizar nuestra principal fuente de divisas, por ejemplo la extracción de hidrocarburos, y con esa chequera, el estado financiaría todo. Ese es, por ejemplo, el secreto de los reinos y principados del golfo. La familia reinante es también la dueña del petróleo, y con lo que gana tiene para subsidiarle la buena vida a sus súbditos. Chávez intentó eso en Venezuela, justo cuando el petróleo pasó de menos de 30 dólares el galón a más de 150. Tan rentable resultó PDVSA que ni siquiera era necesario administrarla bien y de ahí salieron ayudas para Cuba y para gobiernos y candidatos amigos en América Latina. Cayó nuevamente el precio del petróleo y todos los gastos que cubría PDVSA, dentro y fuera de Venezuela e incluyendo su propia ineficiencia, no pudieron cubrirse y el castillo de naipes del Socialismo del Siglo XXI se desmoronó.

Pero que sea difícil implementar un socialismo (del Siglo XXI o de estilo socialdemócrata nórdico) no significará que sea imposible, y menos con una visión a largo plazo. El camino venezolano, que es una mala copia del modelo petrolero árabe, no es fácil de adoptar en Colombia porque no existe un recurso único lo suficientemente rentable. Y el modelo nórdico tiene todo ese problema de credibilidad y que, igualmente, no existen industrias tan poderosas como Ericsson, Volvo o Ikea que puedan jugársela de la mano con un cambio. Bavaria es ahora Anheuser-Busch, una empresa cuyo centro de operaciones está fuera de Colombia. Nuestros otros dos billonarios (junto a Santo Domingo, otrora accionista mayoritario de Bavaria, hoy accionista minoritario de Anheuser-Busch), Ardila Lülle y Sarmiento Angulo, son alérgicos a la izquierda, y el Sindicato Antioqueño, no es tan alérgico pero prefieren apostarle a otros caballos.

Veo muy difícil que un próximo gobierno de izquierda pueda llevarnos de la mano a parecernos un poco más a Suecia, junto con el apoyo del empresariado colombiano. Sin ese apoyo, no nos convertiremos en Venezuela, pero básicamente habría un estancamiento entre no lograr las políticas prometidas o una fuga de capital (y probablemente ambas). Veo difícil pero no imposible. Y no veo a Gustavo Petro como la persona capaz de liderar este proceso.

En cuanto al candidato del establecimiento, Iván Duque, su referente no es el socialismo democrático de corte nórdico. Más bien tenemos a un discípulo de la escuela de Washington haciéndose pasar por godo uribista; pero, básicamente, a un producto del establecimiento que no hará nada drástico que amenace a este establecimiento.

Así que, no hay nada gratis. Y por ahora, pensar en algo lo suficientemente gratis que salga de nuestros impuestos que pagaríamos gustosos no lo veo cercano.

Enclavados en el Caribe Occidental

En 1928 y a instancias de los Estados Unidos de América quien actuó como observador, los entonces gobiernos de Nicaragua y de Colombia firmaron el tratado Esguerra-Bárcenas (más conocido en Nicaragua como Bárcenas Meneses-Esguerra).  Los derechos del mar que hoy conocemos, incluyendo el concepto de límites marinos y submarinos no existían, y como tales no fueron tratados en el acuerdo de 1928.

¿Qué dirimía el tratado?

Cuando la América Hispana era un territorio de ultramar del Reino de España, con frecuencia la metrópoli cambiaba las distintas jurisdicciones.  Por ejemplo, en 1803 consideró que San Andrés y Providencia, así como la Costa de los Mosquitos quedaban mejor protegidos si se defendían desde Cartagena que desde Guatemala aunque el gobierno civil de las islas dependiera aún de la capital centroamericana.

República de Colombia (Gran Colombia) en 1824

Tras la independencia de Hispanoamérica se buscó un principio que nunca se cumplió al pie de la letra: que las nuevas naciones americanas siguieran los límites que existían entre las colonias españolas.  En la práctica provincia por provincia y ciudad por ciudad se fueron uniendo a una u otra entidad mayor.  San Andrés y Providencia prefirieron unirse a la Constitución de Cúcuta que al Imperio de Iturbide (México y Centroamérica).

La costa de los Mosquitos era una zona selvática de mangles y pantanos.  Lejos aún de la tecnología del siglo XX, los sucesivos gobiernos de Centroamérica y Nicaragua no tenían forma de reclamar más allá de la boca del Río San Juan mientras su proyección marina estaba realmente en el Pacífico.  La Nueva Granada tampoco es que ejerciera un control real sobre esas costas.  Básicamente figuraban en el mapa y no más.  El poder real en la Mosquitía lo ejercía el Imperio Británico, delegado más tarde en el rey de los Miskitos a modo de protectorado.

Los Estados Unidos fueron poco a poco ganando poder en el Caribe definiendo a este mar como su patio trasero a expensas originalmente de la corona Británica.  Algunos empresarios y aventureros fueron más allá: empezaron a invertir en plantaciones y minas en esos pequeños países de América Central y el Caribe y Colombia y Panamá no se escaparon.  Al igual que San Andrés, Panamá siempre consideró que su adhesión a la constitución de Cúcuta y a las consiguientes constituciones de la Nueva Granada y de Colombia fueron voluntarias y varias veces amenazó con separarse, pero los intereses de Estados Unidos y su diplomacia de cañonero, impidió que en el siglo XIX estas amenazas se llevaran a cabo.  Hasta que en 1903 el gobierno de Bogotá dejó de ser favorable al interés estadounidense de obtener la Zona del Canal a perpetuidad.

“Siguiente deber del Tío Sam” 1895

El otro posible canal que pudo haberse construido en Centroamérica por esa época era pasando por Nicaragua, tomando el Río San Juan y pasando por los lagos de Nicaragua y Managua y varios empresarios estadounidenses preferían esta opción.  Aunque los empresarios de Panamá ganaron frente a los de Nicaragua, estos no perdieron el poder y siguieron influyendo en la política nicaragüense.

Desde 1894, Nicaragua había obtenido ya el control de la Mosquitía mientras que San Andrés y Providencia mantenían una unión con Colombia.  Con la disculpa de que los bolcheviques mexicanos no invadieran a Nicaragua, los EE.UU. en 1927 (quienes ya tenían el control del Canal de Panamá) ocupan militarmente a Nicaragua bajo el permiso del presidente Adolfo Díaz.

Colombia alegaba viejos títulos sobre la Costa de los Mosquitos e islas aledañas como las islas Corn y el cayo Miskitos.  En Nicaragua algunos pensaban que San Andrés y Providencia eran parte de las islas aledañas.  Para zanjar la disputa, los EE.UU. median un acuerdo firmado por los delegados de Nicaragua y Colombia José Bárcenas Meneses y Manuel Esguerra, respectivamente.  En el tratado Colombia reconocía que el territorio continental de la Costa de los Mosquitos y las islas aledañas pertenecían a Nicaragua y Nicaragua reconocía que el “Archipiélago de San Andrés y Providencia” pertenecían a Colombia.  En cuanto a los islotes intermedios se estableció el meridiano 82° occidente de Greenwich para establecer cuales islas pertenecían a Mosquitía y cuales al Archipiélago de San Andrés (así Albuquerque quedó del lado colombiano y Corn del lado nicaragüense).

Los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo no estaban cubiertos en el tratado porque se encontraban en poder de facto de los EE.UU., reclamados formalmente por Colombia y no por Nicaragua (y, en cualquier caso, al estar al oriente del meridiano 82° quedaban excluidos de la reclamación nicaragüense tras el tratado Esguerra-Bárcenas).

Frente al avance de la resistencia de Augusto Sandino en Nicaragua y tras las elecciones de 1932, las tropas de EE.UU. se retiran de Nicaragua.  En ese período el congreso nicaragüense, libre de cualquier injerencia de los EE.UU. ratifica nuevamente el tratado Bárcenas Meneses-Esguerra.

En 1980 el entonces presidente Daniel Ortega, tras el triunfo de la revolución Sandinista, desconoce el tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, por considerar que Nicaragua no fue libre cuando lo firmó, por estar bajo ocupación de los EE.UU.  Para entonces el concepto de soberanía del mar ya incluía el concepto de límites marinos y Colombia proclamaba que el meridiano 82° oeste de Greenwich era el límite marino acordado entre Colombia y Nicaragua.  Con base en este límite, Colombia había resuelto a su favor la disputa con EE.UU. sobre Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo (estos dos últimos también reclamados por Jamaica), y había establecido tratados limítrofes con Costa Rica, Panamá, Honduras y Jamaica, entre otros.

El acuerdo con Jamaica, por ejemplo, establecía una zona de régimen común (mutua explotación) alrededor de los cayos de Serranilla y Bajo Nuevo, más una zona exclusiva de Colombia en las inmediaciones de estos cayos.

El tratado con Honduras parte de la pretensión colombiana de poseer todo al oriente del meridiano 82° y la pretensión hondureña de tener todo al norte del paralelo 14°59’08” N (paralelo del Cabo Gracias a Dios, hito del límite terrestre entre Honduras y Nicaragua), se establece así el límite con el paralelo 14°59’08” desde el meridiano 82° hasta el meridiano 79°56’ donde comienza la zona común entre Colombia y Jamaica, sube hacia el norte por el 79°56’ hasta el paralelo 15°30’ donde hace un arco para reconocer la soberanía de Colombia sobre los cayos de Serranilla.  Nicaragua también desconocía el paralelo 14°59’08” pretendiendo una línea de bisección que partía de Gracias a Dios hacia el nororiente, quedando los cayos Bobel, South, Savannah y Port Royal (al norte del paralelo 15°) bajo la jurisdicción nicaragüense.  El fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2007 determinó una línea geodésica entre Gracias a Dios y Serranilla (un punto medio entre las pretensiones de Honduras y Nicaragua), reconociendo la soberanía de Honduras sobre los cayos al norte del paralelo 15° y un mar territorial alrededor de estos cayos.

Este antecedente ya eliminaba el tratado entre Colombia y Honduras (salvo por el arco alrededor de Serranilla).

En 2007 y en respuesta a la demanda que Nicaragua instauró contra Colombia en 2001, la Corte Internacional de Justicia declaró vigente el tratado Esguerra-Bárcenas sólo en lo que respecta a ese tratado: la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, mientras se declara competente para establecer qué constituye parte del archipiélago, el estatus de los demás territorios insulares que no sean parte del archipiélago y los límites marinos y submarinos.  En este momento, el pretendido límite marino en el paralelo 82° había dejado de existir.

Ante la admisión de estos términos, la posición de Colombia fue considerar que Albuquerque, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo eran parte del archipiélago y que se estableciera una línea media entre las islas colombianas (p. ej. Albuquerque y Quitasueño) y las islas nicaraguénses (p. ej . Corn u Cayos Miskitos), mientras que Nicaragua pretendía una plataforma continental extendida de 350 millas náuticas, llegando a menos de 200 millas de Cartagena, y reconociendo un enclave de 12 millas náuticas de mar territorial alrededor de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (esto hubiera dejado a San Andrés y a Providencia desconectados).

El fallo del 19 de noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia en La Haya básicamente reconoce a Albuquerque, Cayos del Sudeste y otros cayos menores como parte del archipiélago.  Roncador, Quitasueño y Serrana no son parte del archipiélago pero tienen una tradición de presencia soberana de Colombia y se ratifica.  Serranilla y Bajo Nuevo, según la Corte, nunca tuvieron un reclamo histórico real por Nicaragua (antes de 1980) y por lo tanto se reconocen colombianos.

Según la Corte, el Archipiélago de San Andrés y Providencia son parte de la plataforma continental centroamericana y por lo tanto tiene derecho a plataforma continental de 200 millas náuticas que se expanden hacia el oriente, mientras que al norte, sur y occidente entran en sobre-posición con la plataforma de Nicaragua, primando “por equidad” la plataforma nicaragüense salvo el mar territorial de 12 millas alrededor de las islas del archipiélago.  Roncador, Quitasueño y Serrana, por ser cayos y no islas, no tienen plataforma continental.  (Roncador cae dentro de la plataforma continental de Providencia así que no tiene problema.)  Se reconoce, sin embargo, el mar territorial alrededor de los cayos de Quitasueño y Serrana.

Finalmente el territorio marino de Nicaragua va hasta 200 millas náuticas de sus costas (no de sus cayos), salvo la sombra que proyecta el archipiélago de San Andrés y Providencia.  Esta limitación permite que la plataforma de San Andrés conecte con la plataforma continental sudamericana de Colombia (igualmente Bajo Nuevo queda conectada a estas plataformas por medio de la zona mixta entre Jamaica y Colombia.

En los análisis y mapas que he visto, no me queda claro qué pasó con la zona de régimen común entre Colombia y Jamaica, cuya mitad occidental estaría dentro de las 200 millas náuticas de Gracias a Dios.  Ninguno de los mapas que he visto toca esa zona pareciendo indicar que no se concede derechos a Nicaragua sobre esa zona de mar.

Personalmente me parece que el fallo de la Corte Internacional de La Haya está en derecho y en concordancia con el antecedente de 2007 entre Honduras y Nicaragua.  Hubiera preferido otro fallo, particularmente que se hubiera reconocido a Roncador, Quitasueño y a Serrana como parte del archipiélago y por consiguiente se hubiera otorgado carácter de mar interior a la zona entre estos cayos Providencia y San Andrés.  Creo que es justa la extensión de la soberanía nicaragüense sobre el Caribe salvo por esa porción que es a costa de la continuidad del mar entre Providencia y Quitasueño; bajo el supuesto, desde luego, de que sea justo dividir al mar con fronteras.

Ya Daniel Ortega declaró que no ve inconveniente en que los pescadores colombianos de San Andrés y Providencia pesquen en las aguas que ahora pertenecen de iure a Nicaragua.  Creo que es más sabio que nuestro gobierno busque normalizar relaciones y formalice estos acuerdos de paso y de explotación conjunta a que se ponga a acusar de errores a la corte y procure prolongar una batalla jurídica.

Pero cuando veo tanta indignación nacional frente a la “pérdida”, se entiende que nuestro gobierno prefiera hacer pataletas frente a la tribuna nacional que a construir el futuro.  Y seguiremos culpando al apellido Holguín por regalar territorio colombiano (así un Holguín haya logrado el reconocimiento de la península guajira como parte indisputada de Colombia).

Estados fallidos

[Soldados estadounidenses en Haití] Tras el terremoto de Haití en enero de 2010 escuché muchas voces denunciando el hecho de que el gobierno de facto (quien garantizaba el orden público, distribuía las ayudas, organizaba a los escuadrones de rescate, etc.) era el ejército de los Estados Unidos y no las autoridades haitianas.  Pero esas críticas no llegaban a la descalificación del hecho.  Las críticas venían de una declaración de principios antiimperialistas pero parecían razonables en reconocer que de otra forma no hubiera funcionado.

Tal vez las críticas más duras venían del propio interior de los Estados Unidos y no por el temor imperialista sino por los recursos gastados, -aunque, igual, esas personas parecían reconocer que si no se actuaba así tendrían luego a sus puertas un problema de refugiados—. Continue reading