No nos crean tan…

Ante la declaración de culpabilidad de Santoyo viene Álvaro Uribe Velez a razgarse las vestiduras y mostrarnos como es el poder de penetración del narcoparamilitarismo que lograron colar a ese general en el cuerpo de seguridad del presidente que más combatió al paramilitarismo y el narcotráfico.

El presidente que hizo del micromanagement su estilo de gobierno.  Que cada semana iba a un consejo comunal y recordaba el nombre de todos los funcionarios del municipio, desde el alcalde hasta el que servía los tintos.  Ese presidente no tenía por qué investigar a su jefe de seguridad, ni de las acciones que este ya tenía en la Procuraduría antes de ser ascendido a General.

El narcotráfico que untó al después General Santoyo, el paramilitarismo que éste confesó haber apoyado, logró colar esta ficha dentro del propio esquema de seguridad de Álvaro Uribe.  Pobrecito Presidente.  El único presidente que ha enfrentado al paramilitarismo.

Pero ¿Cómo enfrentó Álvaro Uribe al paramilitarismo?

Negoció con ellos.  Les creó una ley a la medida para que pagaran irrisorias penas de arresto y salieran con sus fortunas intactas tras pagar una pequeña indemnización a las víctimas.  Ley que fue luego endurecida por la Corte Constitucional (que no por el ejecutivo).

Y cuando se dio cuenta que no era posible armar un caso contra los jefes paramilitares sin la propia confesión de ellos, y que estas confesiones estarían plagadas de salpicaduras a muchos colombianos de bien; con estos paramilitares ya recluídos porque se habían “demovilizado” y entregado (porque no fueron capturados), decidió entregarlos a los EE.UU.

Porque, eso sí, el gran compromiso que Álvaro Uribe y sus escuderos siempre esgrimen como lucha contra el narcotráfico es el récord de extradiciones de colombianos a los EE.UU.

No soy enemigo de la extradición.  Si un colombiano va a los EE.UU. y comete un delito serio allá, la soberanía colombiana no debe convertirse en un amparo para garantizar la impunidad.  La extradición es un mecanismo de cooperación judicial y debe ser entendido como tal.

La extradición no es y no debe ser la política criminal de un estado.  En este sentido lo único que hace es delegar esta política a otro estado.

Uribe ha extraditado a más colombianos a los EE.UU. que cualquier otro presidente sólo porque los EE.UU. han solicitado en extradición a más colombianos durante el mandato de Uribe que durante cualquier otro mandato.  No porque el compromiso de Uribe haya sido mayor.

Y Uribe extraditó a los cabecillas paramilitares no para luchar contra el paramilitarismo, porque aquí nisiquiera está delegando a los EE.UU. los cargos por paramilitarismo y genocidio de estos jefes sino que está ignorando completamente los crímenes de sangre que ellos cometieron aquí para que otro país los retenga por un delito accesorio.

Entonces no, señor expresidente Álvaro Uribe.  No se las venga aquí a andar de indignado.  Yo no sé si Ud. es culpable de paramilitarismo, o de haber confiado en personas como el exdirector del DAS Jorge Noguera, o haber aceptado como jefe de seguridad a un policía cuyos cuestionamientos existentes de nexos con el paramilitarismo no eran completamente públicos.  No sé si sea culplable en forma alguna de los desfalcos que algunos empresarios quisieron abusar de una política de su gobierno manejada por Andrés Felipe Arias.  No sé si sea culpable de que en su afán de mostrar resultados con la guerrilla su Comisionado de Paz haya metido (o se haya dejado meter) falsos desmovilizados.  No sé si sea culpable de que funcionarios del DAS en afán de congraciarse con Ud. hayan interceptado ilegalmente a opositores y magistrados.

Sólo le pido que deje de presentarse como el único colombiano que ha salvado a este país gracias a sus grandes dotes de microgerente mientras a su alrededor pasaban todas esas cosas de las que Ud. ahora se muestra indignado.

Porque yo si recuerdo que uno de los grandes puntos en su campaña de 2002 fue acabar con la politiquería y como en ocho años de gobierno no sólo olividó esa promesa sino que usó esta misma politiquería para lograr un plan de gobierno que fue incapaz de hacer irrelevantes a las autodenominadas Fuerzas Armasdas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo.

Y toda esa corrpupción de la que acusan a su gobierno tiene que ver con eso.

Reformando congresos

Sesión plenaria del Senado de Colombia. Foto Angel Vargas.

Colombia tiene 268 representantes para 45.000.000 de colombianos. Esto es que tenemos un representante por cada 170.000 habitantes. Es un número relativamente bajo frente a otras democracias.

Poster en formato desmotivaciones que vi circulando hoy por Facebook.

Nuestro congreso, por otro lado, es costoso. No tengo datos de costos de funcionamiento de otros congresos y parlamentos bien en comparación con el PIB, número de representantes o número de habitantes. Si alguien los tiene le agradezco que me los facilite.

Podemos tomar el sentimiento fácil de decir que necesitamos menos representantes para que haya menos pícaros en el congreso, pero ¿podremos garantizar que los que saldrán elegidos serán los menos pícaros? O, por el contrario, estaremos entregando a menos políticos el poder de repartirse su cuota burocrática (es decir más cuota por afortunado representante).

Invitación falaz a reducir el número de “senadores”. Primero, Colombia no tiene 270 senadores sino tan solo 102 mientras que en EE.UU. hay dos senadores por cada estado.
Tenemos 268 congresistas (incluyendo los 166 representantes a la cámara) pero en ese orden de ideas los suecos tienen 349 parlamentarios y los alemanes 622 (más 69 consejeros).

¿Qué hay de los movimientos alternativos? Menos congresistas implica mayores trabas para que un movimiento alternativo obtenga una representación, pero, tal vez, esto no es problema: muchos de los movimientos alternativos pueden no ser suficientemente representativos.

[Debo aclarar que aquí podría tener yo un conflicto de intereses pues estoy en la construcción de un movimiento alternativo con aspiración de poder.]

Entonces tendremos menos congresistas y esto significará menos pícaros. ¿Por qué no llevar el razonamiento al extremo y prescinidir completamente del congreso?  No más escándalos en el congreso.  No más pícaros legislando y emitiendo reformas a beneficio propio.

Ese sería un nuevo modelo de estado.  Seríamos pioneros.  ¿No?

No.  Ese modelo de estado ya existe y tiene un nombre: dictadura.

En teoría en una democracia representativa como la letra dice que es la colombiana, existe un congreso o parlamento donde el constituyente delegado (parlamentarios, senadores, representantes a la cámara o como querramos llamarlos) representan al constituyente primario (nosotros, los ciudadanos).

Si el problema es que nuestros representantes no nos representan.  Si el problema es que nuestros representantes son costosos y roban.  Si el problema son las personas que nosotros elegimos porque no responden a nosotros, los ciudadanos, entonces el problema no es el número.

Nuestros representantes deben representarnos y no todos lo hacen.  O tal vez sí.  En mi caso personal el senador que elegí fue de los que votó no a redacción final de la Reforma a la Justicia (tendría que ver qué participación tuvo en los demás debates).  Tal vez nuestros senadores y representantes a la cámara sí representen al país que los eligió y que los problemas de corrupción y legislación a nombre de intereses propios e intereses privados no sean más que un reflejo de lo que somos en conjunto los ciudadanos de nuestro país.

No pretendamos que con sólo disminuir el número de nuestros representantes vamos a estar mejor representados.  Esa es una solución facilista y retórica.  Lo que debemos preocuparnos es que nuestros representantes nos respondan por sus actos.  Tal vez el ajuste en el número sea necesario pero esa no es la solución.

Entre la legalidad y la legitimidad

Parto de la existencia de un concepto muy preciso: la legalidad. Lo legal es aquello que permite u ordena la ley vigente de un estado, dentro de la jurisdicción de tal estado. Algo se puede hablar de leyes internacionales, pero estos son más acuerdos entre los estados que se convierten en legislación interna.

[]La legitimidad, por otro lado, es un concepto abstracto que no se refleja necesariamente en las leyes, sino que es dictado por la ética, entendiéndo como ética a un conjunto de comportamientos y normas sobre lo que pensamos que es correcto o no. Aunque hay quienes hayan intentado establecer una “ética universal”, la verdad es que existen diferentes escuelas éticas y formas de ver la ética lo que conlleva a que existan diferentes formas de interpretar qué es legítimo y qué no.

En algunos casos la legitimidad y la legalidad van de la mano.  La mayor parte de las filosofías éticas condenan el homicidio y el robo, siendo estos así medios ilegítimos para obtener resultados e, igualmente, la mayor parte de las legislaciones procriben el homicidio y el robo como actos ilegales penalizables.  Homicidio y hurto hablados en términos generales, porque hay casos en los cuales filosofías y legislaciones permiten que un ser humano pierda la vida en manos de otro ser humano, o que permita que una propiedad sea transferida sin contraprestación ni la voluntad de ceder del propietario original.

Ejemplo de estos últimos son la pena de muerte, las muertes en combate o el embargo de bienes. Continue reading