No hay conflicto


Soy un agnóstico político. No creo que exista un sistema político único y perfecto que sirva a todas las situaciones y creo que todos los sistemas políticos existentes han sido respuesta a una realidad.

Creo que lo más parecido a un modelo político perfecto es la democracia constitucional liberal, entendiendo por democracia un modelo de estado en el que se consulta al pueblo sobre sus destinos, por constitucional que es regida por una serie de principios y por liberal que es incluyente y basada en el respeto a las libertades individuales; pero con todo tengo mis dudas que una democracia constitucional liberal se adapte a todas las situaciones y convenga a todos.

Colombia está definida en su constitución como un estado social de derecho. Un estado de derecho es aquel regido por unas leyes y no sobre el capricho de sus gobernantes. Por social se entiende que se incluye la sociedad toda y se busca compensar a los menos favorecidos por las posibles inequidades que puedan surgir. Yendo más allá, Colombia incorpora las bases de una democracia liberal constitucional.

Tomando la letra de nuestra constitución y creyéndonosla, tenemos que somos un estado liberal, social, constitucional, democrático y de derecho. Se respetan las libertades individuales y más de una decena de artículos de la constitución están consagrados a explicarnos nuestros derechos. Se favorece la opinión ciudadana y existen mecanismos para que los ciudadanos podamos participar en las decisiones del estado. Y existiendo así mecanismos para que el pueblo participe dentro de la constitución y la ley, entonces cualquier intento de participar por fuera de la ley se convierte en un despreciable acto de sabotaje.

Pero por muy incluyente que sea el estado en el papel, éste no podrá incluir todas las opciones. El conflicto es inherente en las sociedades humanas ya que todos nosotros requerimos cosas que pueden llegar a estar en conflicto con los requerimientos del otro. La forma en la que la sociedad resuelve estos conflictos nos da un modelo de estado. En la democracia liberal, se parte de la libertad de los individuos para que estos decidan, bien por voto directo, o bien a través de un representante, cómo será ese modelo de estado: cómo se han de resolver los conflictos.

Colombia es una democracia representativa, pero ¿qué tan representativos son nuestros representantes? ¿El senador que elegí sí vota como yo hubiera querido? ¿O, la verdad, no tengo idea siquiera cómo se desempeña mi senador? ¿O no salió elegido y mi voto sólo ayudó a otro de la lista en quien confío menos? ¿O no voté?

No conozco las últimas encuestas pero hace unos pocos años el congreso era una de las instituciones en las que los colombianos menos creíamos, y eso refleja una cosa: no creemos que el congreso nos represente en un sentido positivo. Y cuando nuestros representantes no nos representan, la democracia está viciada. Pero aunque no lo estuviera, en la democracia finalmente deben tomarse decisiones, decisiones que serán tomadas por la mayoría de quienes se les ha otorgado la responsabilidad. Pero siempre habrá una minoría.

Una democracia liberal garantiza derechos a la minoría, pero toma la decisión de la mayoría. No hay nada inherente que implique que la mayoría tenga siempre la razón; a duras penas hay una correlación entre lo que la mayoría decide y lo que es conveniente para esta mayoría. Pero, aunque se respeten los derechos democráticos de la minoría, tales como el derecho a expresarse, es claro que cuando una decisión modela a un estado y a la forma como se administran los conflictos en esta, una decisión implicará la sistemática resolución de los conflictos en contra de unos y en beneficio de otros.

Aunque garantizar el derecho a la voz a las minorías podrá eventualmente conducirlas a convencer a la mayoría, es claro que el sistema no es perfecto. El conflicto es inherente, y la forma como se manifiesta el conflicto puede llegar en ocasiones a generar violencia.

Este gobierno nos ha tratado de imponer un lenguaje. Nos dice que en Colombia no hay un conflicto armado interno porque nuestra constitución nos garantiza que somos un Estado Social de Derecho, y por lo tanto cualquier conflicto entre conciudadanos tiene una solución por medio de la legalidad y, por lo tanto, cualquier manifestación violenta contra el estado no forma parte de un conflicto sino de una amenaza contra el estado y contra la patria. Entonces las FARC y el ELN no son actores del conflicto sino amenazas terroristas.

Pero el hecho es que hay colombianos que mueren y que son mutilados en medio de esta amenaza terrorista. Colombianos que están o no a favor del sistema. Colombianos que están por convicción y colombianos que están por error. Colombianos que tomaron las armas como respuesta a un conflicto social, y colombianos que no creen en las armas pero que han muerto por ellas igualmente. Desde luego que hay conflictos sociales. Hay conflicto cuando una parte de la población requiere de la economía que genera la exportación de carbón y otra parte prefiere devengar del turismo que pagará más y mejor cuando disfrute de playas limpias. Y colombianos que preferirán que nuestros manglares no sean tocados ni por los puertos carboneros ni por los complejos turísticos con la esperanza de que exista todavía algo de naturaleza para nuestros hijos y nietos.

Hay conflicto cuando requerimos de los agrocombustibles como una alternativa a seguir quemando nuestras fuentes de petróleo, pero quienes hoy poseen las tierras para sembrar palma africana son comunidades que no tienen nada más que esas tierras ancestrales, y conflicto cuando una vez adquiridas esas tierras, estos empresarios del agro tumban el monte de nuestro biodiverso país para reemplazarlo por monocultivos.

Y cuando nuestros representantes votan una ley forestal, o una ley de tenencia de tierras, o de uso de suelos para el turismo o la actividad portuaria carbonera, etc., entonces nuestros representantes están decidiendo sobre una forma de resolver estos conflictos, favoreciendo a unos y perjudicando a otros.

Y así como hay un conflicto social hay también un conflicto armado. Podrá ser ilegítimo, poco representativo y ajeno al real conflicto social, pero existe. Ignorarlo no lo hará desaparecer, ni reconocerlo implicará reconocer justa causa al otro bando.

La otra parte del lenguaje que nuestro gobierno nos ha impuesto para que repitamos como cotorras es que no hay crímenes de estado, simplemente porque no hay una ley que los sancione, o un decreto presidencial que los ordene.

Bueno, si una ley promoviera un acto ilegal, ese acto dejaría de ser ilegal. El concepto de crimen de estado no hace referencia a los actos ilegales consagrados como legales en leyes y decretos. No es que el estado, que en el caso de una democracia es responsabilidad de todo el pueblo, ejecute crímenes amparados en las leyes del mismo estado.

El verdadero concepto de crimen de estado es cuando un crimen, un acto ilegal, es cometido sistemáticamente por agentes del estado en representación de ese estado.

Veamos, si un soldado asesina por celos a la novia usando su arma de dotación, eso no es un crimen de estado. El estado es igualmente responsable, pues dio un arma a una persona violenta, pero el grueso de la responsabilidad recae en quien tomó la decisión de usar esa arma contra un civil que no representaba amenaza a la sociedad. A pesar de su uniforme y de su rango, el soldado no actuó en persecución de uno de sus objetivos como agente del estado. Esto es claramente un caso de responsabilidad individual que no compromete al estado.

Otro soldado, tal vez en el rango de sargento o teniente, o coronel o general, tiene como misión controlar a las milicias ilegales, principalmente a las FARC y al ELN. En cumplimiento de esta misión y por fuera de lo que los estatutos le dictan, este soldado permite que civiles armados acosen a los colaboradores de la guerrilla, obtengan información y dejen mensajes en forma de cuerpos mutilados o familias masacradas. Aquí ya hay una diferencia con la novia del soldado celoso y es que los crímenes de este otro soldado, igualmente ilegales, si fueron ejecutados como una extensión de su labor como agente del estado.

Cuando esto sucede, y se desprende también un patrón sistemático, no sólo en que los actos se repitan y se acompañen de otros similares como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura, sino que hay también un patrón sistemático de encubrimiento dentro de las fuerzas militares y hasta llegar al comandante en jefe, entonces el hecho de que sean ilegales y el hecho de que eventualmente jueces independientes al gobierno dicten sentencias condenatorias contra esos agentes del estado, no por ello dejan de ser crímenes de estado.

Pero es más fácil dormir tranquilos sabiendo que no hay conflicto armado ni crímenes de estado de los que debamos preocuparnos.


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