Cuando se habla de guerras se propone el concepto de guerra asimétrica, esto es un conflicto bélico entre una parte que posee un ejército regular y otra que dice que no puede financiar tal, y por ende ajusta sus prácticas a obtener mayores beneficios con pocos gastos: emboscadas, sabotaje, apoyo (y mimetismo) en la población civil, etc.  En otras palabras guerra de guerrillas y terrorismo.  Desde luego que hablar de guerra asimétrica implica reconocer cierta legitimidad al combatiente menor.  Quien resta tal legitimidad preferirá hablar de amenaza terrorista.

Así que no sólo existen guerras asimétricas, sino también un uso asimétrico del lenguaje en el análisis de un conflicto. La parte mayor se verá tentada a no hablar de guerra sino de terrorismo y llamar así terroristas al contendiente menor.  Esto pasa en el conflicto palestino-israelí y pasa en el conflicto interno colombiano.  Así el contendiente menor deja de ser un contendiente y se convierte en un simple criminal, con toda la carga propagandística que esto conlleva.  El contendiente menor insistirá en que es una guerra legítima, buscando las contradicciones en el discurso del contendiente mayor.

Un ejemplo claro de esta asimetría en el lenguaje parte del problema del intercambio humanitario, que parecía enterrado tras la Operación Jaque, pero cobra actualidad tras la reciente liberación unilateral de Jara, López y los cuatro uniformados.

Primero, recordemos que el término intercambio humanitario no lo propusieron ni las FARC ni el gobierno, sino el ex presidente Alfonso López Michelsen.  El término propuesto por las FARC ha sido canje de prisioneros, y el del gobierno soltar terroristas por rehenes: asimetrías del lenguaje.

Las FARC se autoconsideran un estado en gestación (palabras de Simón Trinidad durante los diálogos del Caguán) y como tales se autoconsideran con derecho a tener combatientes, prisioneros, e impuestos.  Un ejemplo de los impuestos es su ley 002, por medio de la cual pretenden justificar la extorsión (colaboración a la causa la llaman ellos) a personas naturales y jurídicas pudientes bajo la amenaza de que si estas no cumplen sus obligaciones, serán retenidas hasta que sus allegados paguen.

En principio ante un estado legítimo, si no pagamos nuestros impuestos podríamos ser encarcelados por incumplir nuestras obligaciones, así no estemos de acuerdo con la destinación que nuestros gobernantes dan a nuestros tributos.  Declararme libertario no es objeción de conciencia legal para eludir el pago de impuestos.  Esto hace que, desde el punto de vista de ellos, de las FARC, su ley 002 sea legítima y consideren legítimo el secuestro extorsivo.

Así mismo, como parte combatiente (beligerante) que ellos se consideran, se arrogan el derecho de tener prisioneros de guerra, entre los combatientes (soldados y policías) e ideólogos (políticos) del otro bando.  Y se consideran con el derecho de pedir un canje con prisioneros que el otro bando retiene.

Claramente (y lo hemos visto), cuando un soldado o un policía es liberado por las FARC, regresa como miembro pleno de las fuerzas armadas constitucionales.  Cuando un político es liberado, regresa a hacer política.  De conservar la simetría de diálogo que pretenden las FARC, los guerrilleros liberados seguirán siendo parte de las FARC, con plenas funciones de combatiéndes o ideólogos.  De eso se trata un canje.

Nuestro gobierno hace una lectura distinta de la situación.

Primero, para el gobierno las FARC no son una fuerza beligerante legítima, sino un grupo de delincuentes y terroristas, quienes perdieron cualquier pretención de representar una causa cuando empezaron a recurrir a hechos terroristas.  De ahí que proclamas como la tal ley 002 no es más que una burda justificación del delito de secuestro extorsivo, uno de los delitos más duramente perseguidos y castigados en Colombia.

Igualmente, y como las FARC son un grupo terrorista, todos sus miembros son por ende terroristas y hampones (no importa si han participado o no de presuntos actos terroristas, su sola vinculación a las FARC los hace terroristas y hampones), y no se puede justificar que estos terroristas y hampones condenados (o en espera de condena) salgan libres a cambio de ciudadanos de bien y legítimos representantes del estado.

Las asimetrías del análisis van más allá del problema de los secuestrados y criminales convictos, y tocan también los alcances de una posible solución negociada.  Mientras las FARC insistirán en negociar de tú a tú con el gobierno para llegar a un nuevo acuerdo constitucional; para el gobierno la única opción es el sometimiento de las FARC a las leyes actuales.

Pero para las personas que hoy en día están sufriendo prisioneros en el monte, esta asimetría del análisis se vuelve en una sinsalida.  El gobierno ha insistido en que sólo soltará guerrilleros que renuncien a ser guerrilleros, lo cual es inaceptable para las FARC, y las FARC insisten en que sólo accederan al canje bajo la premisa de que todos los combatientes de las FARC queden libres, lo cual no sólo es inaceptable para el gobierno, sino imposible cuando guerrilleros clave como Simón Trinidad y Sonia están prisioneros bajo la jurisdicción del departamento de justicia de los Estados Unidos.

Hay mucho más de fondo en este análisis asimétrico, porque el lenguaje del gobierno es lo suficientemente vago como para insinuar que todo el que disienta de sus propias tesis es un criptoguerrillero o, como lo diría este pasado fin de semana: miembro del frente intelectual de las FARC.

Hoy recibimos este aniversario tras una serie de eventos.  Las muertes de Raúl Reyes (abatido en confusos hechos), Iván Ríos (asesinado) y Manuel Marulanda (por causas naturales) en marzo.  El rescate de 4 rehenes civiles y 11 uniformados en la Operación Jaque, incluyendo la así llamada joya de la corona: Íngrid Betancourt.  Deserciones como la de Karina primero, y luego las de cuidadores de reenes que le garantizaron la libertad a Óscar Tulio Lizcano, entre otros.  Hay muchos signos que apuntan a un debilitamiento de la guerrilla.

Hoy asistimos a la liberación “unilateral” de seis secuestrados, que dejarán a la guerrilla sin rehenes políticos y tan solo con oficiales, suboficiales y retenidos (secuestrados extorsivos).  Cuando escribo esto llevamos ya dos de tres actos: la liberación de los uniformados el domingo y la de Alan Jara el martes.  Este jueves será la liberación de Sigifredo López si no hay contratiempos.  Dos actos llenos de espectáculos.  Los periodistas Jorge Enrique Botero y Hollman Morris se encargaron de amenizar el domingo.  No sabemos si intencionalmente o utilizados por la guerrilla; y en el caso de Morris, aumentado por la actitud del gobierno quien pretendió enmendar su falta de objetividad por medio de la censura y no del rebatimiento de argumentos.

Ayer, martes, Alan Jara en sus declaraciones libres no fue en momento alguno elogioso con el gobierno y acusó a Uribe de prolongar innecesariamente la situación de los secuestrados canjeables.  No estoy de acuerdo con Jara y su tesis de homicidio por omisión, pues considero en este caso al gobierno responsable mas no culpable.  Y no más responable que todos nosotros como sociedad.

Sí algo he aprendido en este año es a que mi respeto por Álvaro Uribe Vélez (la persona que ocupa el cargo de Presidente de la República, no el cargo en sí) ha venido disminuyendo.  Salvo su política de seguridad y el micromanagement de los consejos comunitarios, ese hombre no tiene propuestas políticas claras, sino que improvisa a cada rato.  No tiene una política clara siquiera en si sigue desbaratando la constitución de 1991 para reelegirse.  Considera que su principal virtud es no oir consejos.  Pero si hay algo que me asusta más que un presidente así, es el seguimiento ciego al caudillo. Es tal el punto de ese seguimiento ciego que personas que han sido ideológicamente afines con Uribe pero se han distanciado de él ante la propuesta segunda reelección, tales como Germán Vargas Lleras y Gina Parody, son tratados como traidores.

Y en cuanto a las FARC.  Hoy las FARC son mucho menos de lo que eran en el año 2000, en número de combatientes, control territorial, poder armamentista, capacidad de hacer daño, etc.  Pero hoy las FARC son todavía más de lo que eran en 1980, con un posible agravante: quienes aun están (los que no se han fugado) están políticamente más comprometidos que nunca.

Las FARC nunca han estado a punto de tomarse el poder en Colombia.  Ni en su punto más fuerte en 1997-99.  Pero tampoco están a punto de ser derrotadas.  Creo que todavía es posible la derrota militar de las FARC, a un muy alto costo.  A muchos desde la comodidad de nuestras ciudades o de las carreteras despejadas no nos importa asumir ese costo.  Particularmente porque, sin una derrota de las FARC, ellos no querrán nada distinto a acomodar la constitución a su antojo como parte de una negociación.

Desafortunadamente tras un año de haberles dicho ¡No a las FARC!, aun no veo el fin del problema y sí una polarización creciente entre los que no quieren a las FARC y por ello apoyan a Uribe y los que no quieren a las FARC pero tampoco al costo de más Uribe.

Las FARC no están derrotadas, ni con este ni con muchos otros golpes grandes que han sufrido en los últimos días. Todavía cuentan con un importante apoyo internacional, todavía tienen combatientes y redes de apoyo, y si logran resistir lo suficiente hay una posibilidad de que la marea política cambie a una situación que les sea más favorable. Pero desde mi escritorio, esa esperanza es muy poco probable, y gran parte del futuro del país depende de como manejen las FARC esas probabilidades: si insisten en una guerra o si se preparan para la paz.

Todavía quedan dos años y medio de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y no veo en el país signos de que esto cambie. Incluso la eventual muerte del presidente, quien lo reemplace, sea Francisco Santos o alguien designado por el congreso, continuará la política de Uribe. Y no veo un candidato hoy, con posibilidades para el 2010, que cambie la política a tal punto que la espiral descendente de las FARC se revierta. Ni siquiera Carlos Gaviria, que a pesar de su discurso ambiguo, lo veo mucho más cerca de Lula Da Silva que de Hugo Chávez.

Así que las FARC, si tienen algo de inteligencia, lo único que les resta es administrar la derrota.

¿Están las FARC derrotadas? Yo creo que para efectos prácticos lo están, y lo saben. La pregunta ahora es si se replegarán esperando pasar de agache hasta el final del gobierno Uribe, con la esperanza de negociar con otro en términos más favorables, o seguir quemando sus cartuchos bélicos y políticos con la esperanza de parecer lo suficientemente poderosos para ser creíbles en una negociación, o si su orgullo les impedirá mostrarse débil ante un presidente de derecha como Álvaro Uribe. Y el problema de negociar con Uribe, no es sólo reconocerle la victoria a quien para ellos ha sido el peor presidente de Colombia, sino que, estoy seguro, Uribe no les despierta confianza.

En ese sentido yo soy más optimista. Creo que Uribe, ante una propuesta seria y creíble de que las FARC negociarán una desmovilización, les ofrecerá todas las garantías. El problema es qué será una propuesta seria y creíble, porque no sólo las FARC desconfían de Uribe, sino que Uribe también desconfía de “la FAR”.

Sigo pensando que el principal fracaso del Caguán no es que las FARC no tuvieran voluntad de paz, sino que mientras el gobierno pretendía negociar una desmovilización, las FARC pretendían negociar toda la política del estado; y mucho me temo que hoy por hoy, las FARC sigan pretendiendo eso en una eventual negociación, mientras el gobierno es más reacio a negociar algo más que la desmovilización. Y me temo, por otro lado, que las FARC no querrán pasar de agache los próximos dos años y medio.

Aunque las FARC están prácticamente derrotadas, todavía tienen combatientes, algo de apoyo internacional, redes de apoyo y, lo más importante, medios de financiación. Y aunque sepan que ningún cambio plausible de la situación política los lleve a una eventual victoria, si creo que querrán mostrar todavía algo de fortaleza cuando llegue el momento de negociar con este u otro gobierno. Pero cada intento que hagan de querer mostrar fortaleza, es una llaga más a este maltrecho país. Y cada vez que las FARC pierdan el pulso con el gobierno, es un paso más lejos a la reconciliación nacional, porque sólo probará a los violentos de este país, que sólo la violencia resuelve los problemas.

Si hoy puedieras decirle algo a las FARC ¿qué le dirías?

¿Le dirías que su lucha, enmarcarda dentro de la corrupción del estado y las otras formas de violencia presentes en Colombia, no la compartes pero la justificas, o le dirías que ni la corrupción ni las otras formas de violencia son excusa para su barbarie?

¿Les dirías que aunque repudias el secuestro, pueden continuar con esa práctica mientras el gobierno no ceda en sus inamovibles y de luz a un canje de prisioneros; o le dirías que ellos son los únicos responsables del secuestro y que su obligación es liberar sin condiciones a todos los rehenes civiles y permitir la verificación de la Cruz Roja a los prisioneros de guerra combatientes que conserven?

¿Es tu mensaje a las FARC que, como eres oposición al gobierno, serás complaciente con sus tácticas y mantendrás siempre, incluso este 4 de febrero, una férrea crítica a la administración Uribe y a todo el pueblo uribista? ¿O es tu mensaje que aunque te opongas al gobierno y a sus políticas, dejas claro y sin restricciones que te opones fírmemente a la anacrónica combinación de formas de lucha, al secuestro y al terrorismo de las FARC?

Las FARC como tal y el ELN surgieron en 1964, junto con muchos otros grupos guerrilleros en toda América Latina, junto con los movimientos anticolonialistas en África y en medio de la guerra fría en Asia. Todo ello no es inconexo.

Colombia tiene un largo historial de violencia. Tras la Pax Hispánica que hubo entre la conquista y el levantamiento de los Comuneros, empezaría un rosario de violencias: la lucha independentista entre 1810 y 1822, guerras entre antiguas colonias como la guerra de 1829 contra Perú, guerras civiles entre regiones o concepciones distintas del estado entre 1840 y 1902, un período de relativa calma en la cual la violencia bipartidista empezó poco a poco a ebullir hasta 1949 cuando, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el partido liberal le declaró la guerra al oficialista partido conservador en lo que se conoció como La Violencia, así en mayúsculas. Amnistiados los liberales en 1953 bajo el régimen de Rojas Pinilla, y unidos a los conservadores en 1957 para deshacerse de Rojas Pinilla, la violencia entre liberales y conservadores quedaría finalmente conjurada con el Frente Nacional.

La injusticia social fue siempre mayor en Colombia en los años previos al frente nacional de lo que fueron después. En 1957 se logró finalmente el sufragio universal para todos los hombres y mujeres de Colombia. En épocas anteriores no sólo se le negaba el voto a las mujeres sino también a los pobres. Por casi 150 años de vida republicana, durante la época del Frente Nacional ya muchas de las injusticias sociales habían sido superadas. Y entre 1964 hasta 1991 y desde entonces hasta hoy, se ha seguido superando los problemas de inequidad e injusticia social. No completamente, pero sí ha sucedido. Las FARC han existido, por ende, durante el cuarto de historia colombiana en que menos injusticia social ha existido.

Las violencias anteriores no revindicaban a la corrupción, la exclusión social o la injusticia social. Invocaban modelos de estado o colores políticos. La misma independencia fue una lucha por el poder y por ideales políticos abstractos. El poder de las clases pudientes (los criollos, la clase mantúa) que tenían todo menos el poder político por el único pecado de haber nacido a este lado del charco, y el ideal político del “maestro artesano”, del francmasón que inspiró también la independencia de los EE.UU. y la revolución francesa. Una igualdad política que parte no del concepto abstracto de que todos somos iguales, sino de que por nuestros méritos podemos igualarnos. Cuando Bolívar ofrecía igualdad al ex esclavo o al indio no lo hacía por un concepto de justicia social, sino porque podía valerse de sus méritos, para lograr sus propósitos.

Luego, una serie de ideales políticos abstractos y luchas por el poder motivaron las violencias sin que nadie invocara algo así como la justicia social o la lucha contra la corrupción como banderas de su lucha. No porque no hubiera justicia social, no porque no hubiera corrupción excluyente, sino porque esos conceptos no importaban.

Empezaron a importar con Marx y, particularmente, tras el triunfo de la revolución rusa. Pero quienes tomaron esas luchas en América Latina, personas como Jorge Eliécer Gaitán o como Juan Domingo Perón, no se inspiraban sólo en Lenin, sino también en Mussolini. Su ideal no era tomarse el poder por las armas, sino en las calles. Perón lo logró, a Gaitán lo mataron.

Luego sería todo el partido liberal, no sólo la línea gaitanista, la que renunció a las elecciones de 1950 y decidió, más bien, irse a luchar en el monte. No por la justicia social, sino porque consideraban que los conservadores no ofrecían garantías políticas. En fin, una lucha de colores políticos. Lucha que se superaría en 1957 con la creación del Frente Nacional.

El socialismo ha existido en Colombia desde los años 1920 y tras la creación del frente nacional, varios sectores liberales de la línea más socialista conservaron sus armas y fundaron comunidades bajo sus propios ideales. Con distinto grado de politización, algunas simplemente se dedicaron al bandolerismo, pero otras empezaron a definir sus reglas aparte del juego del Frente Nacional. Era la época de la guerra fría: Cuba había pasado de ser el Casino de los EE.UU. a una nación hostil donde los soviéticos planeaban colocar misiles nucleares. Fue la época del mackartismo. El Che Guevara, uno de los líderes de la revolución cubana se había ido a Bolivia a exportar la revolución. Lo último que querían los EE.UU. era que se repitiera la historia de Cuba y en respuesta presentaron el Plan LASO.

Era la época de la guerra fía: Cuba había pasado de ser el Casino de los EE.UU a una nación libre y amparada por la Unión Soviética, y lo habían logrado los mismo cubanos a través de la guerra de guerrillas. Colombia no era el casino de los EE.UU. pero igual tenía problemas de injusticia social. No tenía la dictadora de Fulgencio Batista, pero igual tenía un adefesio llamado Frente Nacional. Era necesario en Colombia crear entonces un nuevo ejército, un Ejército de Liberación Nacional, inspirado en Cuba.

El Plan LASO, tenía por objeto suprimir los grupos comunistas en América Latina y eso, en Colombia, significaba acabar con las “Repúblicas Independientes” como aquella fundada en el Tolima bajo el nombre de Marquetalia, comandada por un tal Pedro Antonio Marín quien se hacía llamar como algún líder campesino anterior: Manuel Marulanda Vélez, e ideológicamente dirigido por un comunista de línea dura llamado Jacobo Arenas. El ejército constitucional, arremetió contra la comunidad de Marquetalia, la cual resistió lo suficiente para que muchos de sus líderes escaparan. Arenas, quien no se encontraba allí, no tuvo problema en mostrar como el estado reprimía las opciones de socialismo y que el único camino era alzarse en armas en contra del régimen y así logró reclutar a varios estudiantes universitarios para irse al monte y formar junto con los sobrevivientes de Marquetalia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Más que la injusticia social que existía antes y más pronunciada, y que existía y sigue existiendo en muchos países sin guerrillas, las FARC y el ELN fueron un producto de una época, fueron producto de la guerra fría, de las políticas y temores de Washington, del triunfo de la revolución cubana, del concepto existente en los años 1960 que la lucha armada era una opción real para luchar contra algo abstracto llamado injusticia social.

La misma guerra fría no sólo produjo estos grupos sino que los alimentó por años. En países como la Argentina, también hubo guerrillas, pero estas luchaban contra algo más concreto: las dictaduras militares. Entre la mano fuerte de las dictaduras y ante el fin de las mismas, la democracia fue el conjuro para que las guerrillas terminaran desmovilizándose. En El Salvador, fue tal el poder de las guerrillas que a mediados de los años 1980 controlaban la mitad del país, su éxito les permitió negociar de igual a igual con el gobierno llegándose a acuerdos de paz cuando la Unión Soviética se desmoronaba. En el Perú, el gobierno populista de Alan García, les quitó muchas de sus banderas y ante la falta de apoyo popular, en lugar de grandes ejércitos los guerrilleros terminaron convertidos en grupúsculos que usaban el terrorismo para compensar su tamaño. El trabajo policial y de inteligencia, más que los grandes presupuestos de guerra, lograron la captura de Abimael Guzmán y el desmantelamiento de Sendero Luminoso y el MRTA.

¿Qué pasó en Colombia durante todo ese tiempo? En Colombia nunca hubo una dictadura de mano dura que por un lado contuviera a las guerrillas y por otro, que su terminación representara el triunfo de los movimientos armados que los condujera al desarme. Por otro lado la geografía quebrada, la disponibilidad de recursos como el petróleo, y pronto las drogas, les dio una forma de sobrevivir y de sostenerse que les permitió sobrevivir la caída misma de la Unión Soviética.

Adicionalmente, los intentos de paz de los años 1980, fracasaron, quedando como mayor recuerdo el genocidio de la Unión Patriótica. Genocidio en gran parte patrocinado por una revancha personal de Gonzalo Rodríguez Gacha, un esmeraldero y narcotraficante más conocido como “El Mexicano”, pero igualmente ignorado o patrocinado por personas de la clase política tradicional y de las Fuerzas Armadas. La utilización del secuestro extorsivo y el boleteo, generaron una reacción en diferentes estamentos de la sociedad y es así como los ejércitos privados de Rodríguez Gacha y de Pablo Escobar se unieron con ganaderos, políticos y sectores de las fuerzas armadas para formar distintos tipos de autodefensas.

Al terminar la guerra fría, el EPL y el M-19 ya se habían desmovilizado, pero muchos de sus líderes, incluyendo al candidato presidencial Carlos Pizarro León-Gómez, fueron asesinados. Las autodefensas aumentaban su poder y fueron responsables de varios de los asesinatos de líderes desmovilizados, por no hablar de la larga tradición de asesinatos de miembros de la UP. Colombia estaba pasando de convertirse en un procesador de cocaína a un productor de coca, con colonos y campesinos en las zonas de influencia de las FARC, dedicados al cultivo o recolección de coca y el transporte y procesamiento de la coca y la cocaína. La industria del secuestro se estaba perfeccionando.

Sin la caída de una dictadura que justificara su desmovilización, con la necesidad cada vez menor de una financiación directa de la Unión Soviética, con un territorio que le permitía sobrevivir, con un enemigo que jugaba a sus mismas tácticas de guerra sucia, y que de paso le servía para justificar sus reclutamientos, las FARC y el ELN no dejaron de existir tras el fin de la guerra fría.

La injusticia social no tiene nada que ver con su existencia. Eso es basura: bullshit. Tampoco existen porque sean simples mafias: organizaciones criminales, sin ideología, ni su único propósito es la producción y exportación de drogas ilegales. Existen por inercia. Existen porque creen en algo más allá de su propia existencia. Porque se quedaron en 1964 cuando en medio de la guerra fría creían que la única forma de combatir la injusticia social era por las armas, y porque Colombia, en su posición geográfica privilegiada, en el extremo norte andino, sus selvas, sus mares, su conexión entre Américal de Norte y América del Sur, su riqueza, ha sido un lugar donde pueden sobrevivir con esa mentalidad.

Sabiendo ahora por qué sobreviven, podemos saber también cómo lograr su fin. Y estar seguros de que tras su desaparición o desmovilización, no surgirán nuevos grupos luchando por la injusticia social.

Un problema más complejo es lograr el fin de las FARC y del ELN y las AUC sin que por ello surja un nuevo problema similar a los maras centroamericanas.

En los EE.UU. están en plena campaña electoral y todos los candidatos, incluyendo los republicanos, quieren apartarse del fiasco de George W. Bush en Irak. En el caso de los demócratas, los dos favoritos: Hillary Clinton y Barak Obama, han sido críticos del TLC con Colombia y quieren apartarse en lo posible de involucrarse directamente en una nueva lucha antiinsurgente, o de relaciones con gobiernos que no hacen lo suficiente para proteger a sus propios sindicatos.

En noviembre gana el tiquete Clinton-Obama (u Obama-Clinton).

Mientras tanto, la ofensiva de Chávez empieza a materializarse. Si bien la Unión Europea no saca a las FARC de la lista de grupos terroristas, algunos gobiernos tales como el danés declaran que no tienen jurisdicción absoluta sobre cualquier subdito propio que financie a las FARC. Ecuador, Bolivia, Nicaragua y otros países declaran que las FARC no son terroristas y les reconocen estatus de fuerzas beligerantes pudiendo tener representaciones en sus propios países. Desde luego: Venezuela encabeza la lista.

En respuesta, el gobierno colombiano rompe relaciones diplomáticas, bien oficialmente o bien de facto (llamado permanente a consultas a los embajadores), perdiendo así interlocusión con tales gobiernos. Venezuela no sólo permite la presencia de representantes de las FARC sino que permite la instalación de campamentos permanentes. Ecuador llega también a un acuerdo con las FARC que les permite usar el territorio ecuatoriano con la condición de que no atenten contra ciudadanos o intereses de ese país. El apoyo de Venezuela no se limita a la representación y al territorio sino que empieza a ofrecer armamento moderno a las FARC.

El gobierno continúa con los bombardeos y el acoso permanente a las FARC dentro de Colombia y ante la gravedad de la situación diplomática vuelven a aumentar los falsos positivos, producto de la presión del gobierno a las fuerzas militares. Hay un ligero aumento en el paramilitarismo producto del desencanto ante la Ley de Justicia y Paz y varios sectores sindicales son víctimas de estos grupos emergentes o de los falsos positivos. Aunque el ejecutivo tiene una real convicción de perseguir a los paramilitares emergentes y proteger a los sindicatos sus esfuerzos no son suficientes y la percepción es que el gobierno patrocina tales actos. Nacionalmente la opinión pública justifica estos crímenes porque si los matan es porque están relacionados con las FARC. Internacionalmente estos crímenes son inadmisibles.

Tras ese 2008, llega enero de 2009 con la posesión del tiquete demócrata. Las denuncias de crímenes contra sindicalistas han venido aumentando y en conclusión no sólo no se aprueba el TLC sino que tampoco se renueva el APDEA ni el Plan Colombia. Esto, aunado con el vaivén económico que se empieza a manifestar en 2008 y el cierre de las fronteras venezolanas para productos colombianos generan un impacto negativo en las industrias colombianas, las cuales pierden completamente la confianza en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Varias empresas quiebran, otras se reducen, y en general aumenta el desempleo. No solo los empresarios sino todo el pueblo se desilusiona de Uribe.

En medio de la crisis, la ventaja estratégica y logística que logran las FARC manteniendo campamentos permanentes en Venezuela y Ecuador aunado con un mejor armamento, les permite tomar la iniciativa en algunos puntos, llegando incluso a obtener corredores seguros y control territorial real en algunas partes del territorio. Misiles tierra-aire les permiten conjurar la supremacía aérea de las fuerzas constitucionales.

Los secuestrados “canjeables” corren una de tres suertes posibles: son entregados a representantes internacionales como muestras de buena voluntad, mueren en intentos o supuestos intentos de rescate (o por enfermedades), o continúan a todo lo largo de 2008 y 2009 como prisioneros de las FARC. Al aumentar la capacidad de control territorial, las FARC recuperan la habilidad de lograr secuestros de políticos o militares. Durante el 2009 las FARC mantienen una cifra más o menos estable de 20 a 25 canjeables, aún descontando bajas y entregas gota a gota. Íngrid Betancourt muere en cautiverio por problemas de salud y sus hijas y su madre declaran en todo el mundo que la culpa es de Uribe por no acceder a un acuerdo humanitario.

Algunos golpes espectaculares de las FARC contra las fuerzas constitucionales, dejan la sensación de que el gobierno no es capaz de detener a las FARC. Por otro lado, y gracias a las nuevas ventajas estratégicas, las FARC concentran sus objetivos contra las fuerzas militares constitucionales y representantes del estado. La población civil puede temer el secuestro extorsivo pero no atentados directos contra la vida (p. ej. bombas). Esta mayor selectividad, que busca recuperar imagen internacional, también le permite a las FARC mejorar ligeramente la imagen interna. el pueblo raso deja de ver a las FARC como una gran amenaza y ante la crisis económica que evidencia los desaciertos de la administración Uribe en ese campo, parte del discurso de las FARC empieza a permear a la población civil.

Llega 2010. El país está en una crisis económica, las FARC han retomado la iniciativa. El gobierno ha caído dramáticamente en las encuestas y su credibilidad internacional está en el piso, el desempleo supera el 20% y no se ve salida. Ante tanta incertidumbre algún candidato con propuestas populistas se impone en las elecciones de mayo y se reafirma en las de junio.

La clase empresarial que retiró el apoyo a Uribe, ve al nuevo presidente con aun mayor incertidumbre. Las medidas tomadas por el nuevo gobierno para evitar los despidos genera la quiebra de varias empresas y en su retórica populista, el nuevo gobierno culpa a los empresarios. En su intención de congraciarse con Venezuela, el nuevo gobierno inicia conversaciones con las FARC, que incluyen un alto el fuego unilateral de parte del gobierno y un área despejada.

Ante estas circunstancias, las FARC consolidan su posición bélica y durante las negociaciones comprometen al gobierno en un cambio estructural en el modelo del estado. Las fuerzas paramilitares empiezan a consolidarse. Las fuerzas armadas, sintiéndose traicionadas por el gobierno, hacen muy poco para controlar al nuevo paramilitarismo y lo alientan. Las ordenes del gobierno para someter a las autodefensas (parte por convicción, parte por exigencia de las FARC), son infructuosas. Antes de completar un año de gobierno, hay una guerra civil de gran escala con las FARC (apoyadas ya abiertamente por Venezuela) por un lado, y una combinación de antiguas fuerzas armadas constitucionales y autodefensas por el otro. El gobierno, no puede comprometerse a apoyar a las FARC por medio de las fuerzas militares leales a la constitución y en sus titubeos es derrocado por la milicia. La tradición colombiana descarta un gobierno militar, y en su afán de parecer defensores de la constitución de 1991, los golpistas proclaman a algún presidente civil interino mientras se convoca a elecciones.

Internacionalmente ninguna de las partes del conflicto: las FARC por un lado, las Fuerzas Militares golpistas por el otro, representan un gobierno legítimo. Ambas fuerzas controlan territorio. Ambas fuerzas utilizan el comercio ilegal de drogas como parte de su financiación. Ni la OEA ni los EE.UU. apoyan abiertamente a las fuerzas golpistas, pero tampoco apoyan a las FARC. Las fuerzas golpistas tienen un mayor poder militar, pero tienen menos apoyo internacional. En este limbo termina de transcurrir 2010 y 2011, y en diciembre de 2011, Cháves toma una maniobra audaz: invade a Colombia con el pretexto de restaurar el orden constitucional.

Presionado por el estado de las cosas y a la luz de las mayorías republicanas en el Congreso estadounidense conseguidas en noviembre de 2010, los EE.UU. toman la decisión de apoyar al gobierno interino tras la invasión venezolana. Este apoyo no se materializa en acciones militares directas, sino en prestar asesorías, apoyo logístico y armamentos a las fuerzas defensoras.

Venezuela suspende el envío de petróleo a los EE.UU. lo cual alienta a los halcones de Washington a declarar completamente inadmisible la presencia de Chávez en Venezuela y deciden aplicar la táctica Jadafi: bombardean centros importantes de producción petrolera de Venezuela, suspendiendo completamente la capacidad de exportar por los próximos dos años.

Dos años son un tiempo suficiente para que la chequera de Chávez pase a saldo en rojo, y como tal su diplomacia de petrodólares pierde efectividad. En Colombia esto se refleja en que las fuerzas bolivarianas de las FARC pierden el apoyo de Venezuela y por lo tanto su capacidad de derrotar a las antiguas fuerzas militares constitucionales, sin que estas tengan todavía la capacidad de derrotar a las FARC y sus aliados. Esta situación de un país dividido y en guerra civil se prolonga hasta 2014 y se ha expandido a Venezuela y Ecuador.

Cuando Venezuela recupera la capacidad de exportar crudo, el gobierno de Chávez está muy debilitado y el pueblo exige proteger la integridad de Venezuela de la guerra en Colombia (de cualquiera de las partes), lo cual incluye romper completamente las ayudas a las FARC y permitirles usar territorio venezolano.

En el territorio controlado, el gobierno interino pretende organizar elecciones en 2014. Estas elecciones se llevan a cabo con una alta abstención en las zonas calientes y una participación moderada en las zonas aseguradas por el gobierno interino y las antiguas fuerzas constitucionales. El depuesto presidente de 2010 reconoce los resultados de estas elecciones, lo cual da una vía libre para que la comunidad internacional reconozca al nuevo gobierno como legítimo. Sin embargo las FARC controlan grandes cantidades de territorio, tienen un armamento equiparable al de las fuerzas constitucionales (incluyendo una pequeña fuerza aérea), y están muy lejos de una derrota, aun cuando pierdan todo el apoyo internacional que han ganado desde 2008. Tampoco tienen un camino seguro a una victoria.

El gobierno de 2014 tiene un mandato claro para lograr la legitimidad: deshacerse del paramilitarismo y buscar un armisticio con las FARC. Se establece para la negociación que las FARC pueden ejercer control territorial en los territorios que controlan sin disputa, e igualmente las fuerzas constitucionales y la población civil no deben ser agredidas en las zonas de pleno control. El gobierno logra negociar también un cese de hostilidades de parte de las autodefensas ilegales. En las zonas en disputa se declara un alto el fuego como preámbulo a las negociaciones.

Los alto el fuego son frágiles y se rompen y restablecen todo el tiempo, pero las partes respetan las zonas declaradas controladas por la contraparte. Las FARC se comprometen a la renuncia total de practicas consideradas terroristas y se someten a los protocolos de Viena y de Ginebra sobre derecho de guerra y derecho humanitario. Igualmente se comprometen a desmontar la producción y el tráfico de estupefacientes. Otro tanto le corresponde al gobierno constitucional respecto a los grupos paramilitares.

Los acuerdos parecen avanzar. Ambas partes adquieren reconocimiento internacional. Las FARC tienen un control efectivo y legalizado de parte del territorio y lo mismo sucede con el gobierno institucional. Todo 2015 transcurre en medio de esta armisticio y de conversaciones. Pero a mediados de 2016, cuando las partes están optimistas de lograr un acuerdo, un nuevo rompimiento del alto el fuego en una de las zonas disputadas, escala pronto en una ruptura de las negociaciones, y la guerra se restablece.

Finalmente, sobre 2020 se logra un acuerdo definitivo entre las FARC y las fuerzas constitucionales. Se aprueba una nueva constitución la cual es refrendada en las urnas. Sin embargo, tras una década de guerra civil, hay demasiados agentes armados. Varios grupos se oponen a dejar el lucrativo negocio del narcotráfico, otros se conforman en pandillas inspirados en los maras centroamericanos, controlando distintos tipos de negocios ilegales. El poder militar de estos grupos, que no pretenden control político, es tal que las nuevas fuerzas constitucionales (conformadas por una combinación de las antiguas fuerzas constitucionales y combatientes de las FARC) son incapaces de controlar estos grupos. En la práctica se prefiere ignorarlos y pretender que son una amenaza menor al nuevo orden constitucional.

En parte desconfío de Moreno Rojas porque muchas de sus propuestas no son aterrizadas. Yo sí creo factible un sistema de tren metropolitano en Bogotá, pero no con la ligereza de cifras y argumentos que Moreno exponía. También concuerdo en que Bogotá necesita integrar todos sus sistemas de transporte público y en que la ampliación del Aeropuerto Eldorado, se está quedando corta. Pero no veo al Polo tomando una posición firme frente a los transportadores o aprobando los impuestos que se necesitan para la adecuación real del aeropuerto, el arreglo y ampliación de las calles, o la construcción del metro.

Pero una cosa es no creer que Moreno y su partido sean los adecuados y otra muy distinta es sugerir, como he escuchado, incluso de parte de nuestro amado presidente o sus cercanos colaboradores, que por medio del Polo la guerrilla se va a tomar a Bogotá y al país.

Las pruebas son sin duda espurias. Se basan en leer a ANNCOL y extrapolar de ahí hipótesis poco sustentadas. A ANNCOL hay que leerla con cuidado porque es un órgano de propaganda y como tal miente y desfigura la realidad de la misma forma que los medios de propaganda del estado. Creer selectivamente lo que dice ANNCOL o selectivamente buscar ahí pruebas de comportamientos o actitudes no es serio. Por análisis selectivo me refiero a que si ANNCOL dice que el gobierno es paramilitar asumimos que es propaganda falsa pero si dice que el Polo es afín a la lucha guerrillera, entonces ahí sí están diciendo la verdad, y así apoyar la tesis de que los del Polo son guerrilleros de amarillo.

Que las FARC digan preferir a Samuel Moreno Rojas como alcalde de Bogotá no dice nada bien o mal de Samuel Moreno Rojas. Pero si queremos partir de ahí para asegurar que Moreno tiene vínculos con las FARC, estamos entonces utilizando la misma lógica de quienes insisten que Álvaro Uribe Vélez tiene vínculos con los paramilitares porque Mancuso o Castaño se hayan expresado a favor de su elección o reelección. Es más, la tesis del Uribe paramilitar tiene mucho más sustento que la tesis del Moreno guerrillero, porque no se basa sólo en las declaraciones de los milicianos ilegales, sino en afinidades geográficas y de clase. Si usted y yo estamos de acuerdo en que Álvaro Uribe no es un paramilitar, debemos reconocer entonces que las acusaciones de Samuel Moreno como guerrillero son simplemente espurias.

Y esto si es que realmente creemos al leer a ANNCOL que las FARC prefieren a Samuel Moreno Rojas y su Polo Democrático Alternativo.

La otra gran prueba del gobierno, que todos los furibistas siguen al pie de la letra sin cuestionar, es una vieja tesis de Carlos Gaviria Díaz, cuando fue Magistrado de la Corte Constitucional, en la que permitía la conexidad entre el homicidio y la rebelión para tratar al homicidio político como delito político. Bueno, aquí habría que tener en cuenta un poco de filosofía para atacar esta idea por la idea en sí, y a continuación expongo mi punto de vista:

1. Los estados son necesarios.
2. Todo estado debe evitar la disensión que pueda llevar a su fin como estado, o no sería estado.
3. Todo modelo de estado tiene fallas; varias de esas fallas son subsanables por los métodos que el mismo estado ofrece.
4. Habrá fallas que no sean subsanables por este método, hay ahora un conflicto entre la falla del modelo y la necesidad del modelo de autosustentarse.
5. Esto da lugar al derecho legítimo (que no legal) a la rebelión.
   • Nota aclaratoria: esto no es excusa para proponer una rebelión cada vez que las fallas del modelo puedan ser subsanadas por el modelo mismo.
   • Nota aclaratoria dos: tan legítimo es el derecho a la rebelión como el derecho del estado a preservarse.
   • Nota aclaratoria tres: hay varias rebeliones que sustentan al estado actual en Colombia, incluyendo las de 1957, 1953, 1886 y 1819, entre muchas otras. Así que nuestro estado es tan legítimo como lo puede ser el derecho a la rebelión.

La rebelión es así un acto político que se legaliza una vez triunfe o llegue a un acuerdo con el estado previo. Igualmente, la legitimidad de cada rebelión debe ser relativa a la incapacidad del estado de reformarse a si mismo. Y antes de que me ataquen de guerrillero debo aclarar que esta es una posición filosófica y no estoy en ningún momento legitimando aquí a las FARC o al ELN.

Asumiendo así que la rebelión puede ser legítima y que es un acto político, varios de los medios utilizados por la rebelión son sin duda conexos a la rebelión, y esto puede incluir el asesinato.

Hay otro planteamiento filosófico que expone el gobierno y sus seguidores y que deslegitima de raíz el derecho a la rebelión.

1. Colombia es un estado de derecho democrático.
2. El modelo (estado de derecho democrático) está libre de fallas conceptuales, porque es el único tipo de estado en el cual las fallas de implementación son subsanables por el mismo modelo conceptual.
3. Por lo tanto no existen conflictos: cualquier cosa que amenace al estado de derecho democrático es ilegítima.
4. No existe por ende un derecho a la rebelión. Sólo amenazas al estado de derecho democrático.

Mi punto aquí no es, sin embargo, indicar que mi filosofía es más adecuada que la del gobierno, sino puntualizar las fallas en la lógica misma del gobierno y de sus seguidores.

El gobierno, a través de la ley de Justicia y Paz, pretendió vendernos la idea de que la lucha de los paramilitares era una lucha política y por lo tanto sus acciones eran acciones políticas cobijadas bajo el delito de sedición. Cuando la Corte Constitucional falló en contra de considerar al paramilitarismo como sedición, el gobierno ha movido sus maquinarias para lograr que se tipifique la sedición de manera que favorezca a los paramilitares y pueda perdonar así a los delitos conexos, incluyendo al homicidio.

Es decir: el gobierno reconoce la conexidad del homicidio con la sedición, que al ser un delito político es indultable, y por otro lado promueve que se trate al paramilitarismo como sedición (y por ende como un delito político indultable que puede cobijar a otros delitos denominados conexos); por otro lado el gobierno sataniza a quien expone que un delito, conexo en principio con la rebelión, siendo la rebelión el delito político por excelencia, es efectivamente un delito conexo al delito político.

Esta lógica asimétrica del gobierno, que sus seguidores siguen sin cuestionar, me parece más peligrosa que la lógica asimétrica de la guerrilla, por que al fin y al cabo este gobierno encabeza al estado que yo considero legítimo y sus seguidores son las personas con las que yo convivo a diario.

Si esta es toda la evidencia que el gobierno puede ofrecer, aún asumiendo que sea cierta, entonces los vínculos entre el Polo Democrático Alternativo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son simplemente especulación.

Viene ahora la cuestión de la credibilidad y de los intereses de ANNCOL y las FARC. La Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, es una organización domiciliada en Suecia y Dinamarca que reproduce los comunicados de las FARC. Es parcialmente independiente de las FARC en el sentido de que su línea editorial puede publicar también (y lo hace) noticias y artículos de otras fuentes, pero claramente publica sólo lo que es afín a su línea editorial: justificar la existencia y la lucha de las FARC.

Así, si ANNCOL encuentra un comunicado, una tesis, o un artículo en la que un filósofo o un magistrado ya retirado expone la conexidad entre el homicidio y la rebelión, no dudará en publicarla, porque eso justifica a las FARC. Esto no demuestra, en punto alguno, que Carlos Gaviria Díaz haya entrado en contacto con las FARC y les haya pedido que publicaran su artículo en ANNCOL.

Por otro lado ANNCOL, también publica artículos de otros pensadores de izquierda. Desde luego que hay afinidad entre alguien que justifica a la guerrilla que lucha contra un estado opresor (sus palabras) con la línea política de una oposición democrática a tal estado opresor. Mal que bien, el Polo es percibido dentro y fuera del país, y tanto por aúlicos como por detractores del gobierno, como la oposición al gobierno de Uribe. Que un colaborador de ANNCOL decida expresar que la alcaldía de Samuel Moreno conviene a Bogotá y a Colombia, no dice absolutamente nada de las afinidades de Moreno Rojas con las FARC. Incluso si ese colaborador de ANNCOL fuesen las FARC mismas.

Pero hay que recordar que ANNCOL es un medio de propaganda, y hay que mirar con sal sus comunicados y artículos.

Las FARC son las primeras interesadas en que el Polo Democrático Alternativo fracase, y podemos recordar un poco de historia. Bajo la tregua de Belisario Betancur, se abrió la posibilidad de que las FARC formaran un partido político a modo de opción (o brazo si así prefieres llamarlo) democrática. Así se formó la Unión Patriótica bajo el comando inicial de Jacobo Arenas, líder ideológico de las FARC. La Unión Patriótica no sólo aglutinó a militantes de las FARC sino a otras personas que se identificaban con la línea política de las FARC, más no con la rebelión armada, y entre estas personas surge Jaime Pardo Leal. Jaime Pardo, se opuso a la dirigencia de Jacobo Arenas porque buscaba una independencia entre la Unión Patriótica y las FARC, y la línea de Pardo triunfó. Pero Pardo Leal fue asesinado, como más tarde lo serían José Antequera y Bernardo Jaramillo, y muchos de los líderes regionales de la UP.

La masacre de la UP, propiciada por Gonzalo Rodriguez Gacha y los paramilitares bajo su mando, y apoyada por fuerzas políticas del estado, marcó un cambio en los objetivos de las FARC, que pasaron así de una guerrilla romántica a la fuerza combativa que tuvo en jaque al país a finales de los años 1990. Esa degradación de la lucha guerrillera es tan causa de los paramilitares como de las mismas FARC. El exterminio de la Unión Patriótica le probó a las FARC que no hay alternativa real de diálogo con el estado colombiano salvo el desmonte del mismo estado. Es por ello que fallaron las conversaciones de Andrés Pastrana y es por ello que las FARC ni se molestan en conversar con Álvaro Uribe Vélez.

Pero las FARC necesitan todavía autolegitimarse. Y el Polo Democrático Alternativo les resta legitimidad. Si el Polo es capaz de traer (por si mismo o en alianza con las derechas del país), la justicia social y la consecución de las otras banderas de lucha de las FARC, sin necesidad de la rebelión armada, las FARC pierden entonces su justificación de ser. Si no tienen por qué luchar, y por otro lado tienen un legítimo temor a desmovilizarse, entonces las FARC pierden sentido, no tienen salida ni futuro.

Muchas veces se ha llamado a los izquierdistas democráticos idiotas útiles de la izquierda radical, porque prefieren recalcar los problemas del estado a condenar los desmanes de la guerrilla, y en últimas a justificar a la guerrilla y sus desmanes como consecuencias de las inequidades del estado. Pues bien, ahora los idiotas útiles de las FARC son los propios uribistas, quienes al rechazar a la izquierda democrática, de una forma tal que bien nos acerca a lo que pasó en los años 1980 con la UP, justificarán ante la comunidad internacional la existencia de las propias FARC.

Necesitamos cerrar la brecha entre el uribismo y la izquierda democrática, porque esta es la única forma de salvar a Colombia y de deslegitimar a los radicales. Esa brecha se cierra reconociendo que Samuel Moreno Rojas no es un guerrillero, y que Gustavo Petro dejó de serlo hace ya varios años. Esa brecha se cierra buscando que por medio del control político Samuel Moreno Rojas no arruine a Bogotá y no buscando, junto con las FARC, que el Polo fracase.