Entre la legalidad y la legitimidad

Parto de la existencia de un concepto muy preciso: la legalidad. Lo legal es aquello que permite u ordena la ley vigente de un estado, dentro de la jurisdicción de tal estado. Algo se puede hablar de leyes internacionales, pero estos son más acuerdos entre los estados que se convierten en legislación interna.

[]La legitimidad, por otro lado, es un concepto abstracto que no se refleja necesariamente en las leyes, sino que es dictado por la ética, entendiéndo como ética a un conjunto de comportamientos y normas sobre lo que pensamos que es correcto o no. Aunque hay quienes hayan intentado establecer una “ética universal”, la verdad es que existen diferentes escuelas éticas y formas de ver la ética lo que conlleva a que existan diferentes formas de interpretar qué es legítimo y qué no.

En algunos casos la legitimidad y la legalidad van de la mano.  La mayor parte de las filosofías éticas condenan el homicidio y el robo, siendo estos así medios ilegítimos para obtener resultados e, igualmente, la mayor parte de las legislaciones procriben el homicidio y el robo como actos ilegales penalizables.  Homicidio y hurto hablados en términos generales, porque hay casos en los cuales filosofías y legislaciones permiten que un ser humano pierda la vida en manos de otro ser humano, o que permita que una propiedad sea transferida sin contraprestación ni la voluntad de ceder del propietario original.

Ejemplo de estos últimos son la pena de muerte, las muertes en combate o el embargo de bienes.

Una conversación que tuve durante mis vacaciones en enero planteaba un interesante dilema.  Muchas ideas políticas actuales plantean que un estado debe funcionar como una empresa.  Los bienes públicos deben ser bien administrados.  Las actividades poco lucrativas deben ser abandonadas y las actividades que pueden hacer mejor empresas externas pueden entregarse en outsourcing.  Algunos de estos planteamientos son base del así llamado neoliberalismo.  Pero llevados estos planteamientos al extremo podríamos tener un estado con una corrupción muy baja y con unas finanzas impecables, pero que ha abandonado algunas de las premisas de ser estado.  Por ejemplo, la capacidad de servir a la población vulnerable.  (Aunque, desde luego, hay filosofías políticas que consideran a las poblaciones vulnerables como pesos muertos que evitan el progreso del resto de la sociedad.)

Entonces, si no podemos llegar a un estado que se autofinancie completamente, es necesario entonces que el estado imponga tributos sobre los súbditos o ciudadanos.  El ciudadano se ve obligado a pagar estos impuestos y en contraprestación tiene un estado que le provee de vías, servicios públicos, bienestar y, sobre todo, de seguridad.

Pero los estados no son los únicos que hacen eso.  El crímen organizado también lo hace.  Las bandas de crímen organizado, llámense bacrim, autodefensas, pandillas, guerrillas, mafia, etc. exigen contribuciones obligadas a la población con el fin de financiar su causa y a cambio ofrecen algún servicio, sobre todo, de seguridad.  Quien no acceda a pagar su contribución puede ser sancionado.  El estado promete carcel a los evasores.  Las Farc promete secuestrosretenciones.  Otros, simplemente advierten que algo le podría pasar a su negocio si no paga la contribución.  La seguridad que suelen prometer las bandas mafiosas son, principalmente, seguridad ante ellas mismas; aunque algunas mafias también ofrecen protección ante delincuentes comunes y otros indeseables.  También ofrecen protección ante competencia desleal (como quiera que se quiera definir competencia desleal, por ejemplo un productor colombiano puede considerar un producto importado de China como competencia desleal y pedir al estadoa su mafia favorita que evite esas importaciones o en su defecto que imponga altos aranceles).

La legitimidad puede verse como aquello que hace aceptable que un estado imponga tributos e inaceptable que una mafia lo haga.  Para muchos libertarios, ningún estado es legítimo y como tal no son más que las mayores mafias de crimen organizado existentes.  Pero lo que ofrece el estado: vias, servicios públicos, bienestar y seguridad, bien lo pueden ofrecer empresas privadas que operan en un mercado competitivo ofreciendo al consumidor los mejores precios.

Cuando el estado (o una mafia) monopoliza un servicio de estos (vías, servicios públicos, bienestar, seguridad), es probable que termine abusando.  Incluso aunque diga tener un compromiso social, es claro que si el estado no puede cubrir todos sus costos los trasladará, vía peajes, tarifas o impuestos, al consumidorciudadano quien no tendrá más opciones que pagar. Por el contrario, una empresa con ánimo de lucro en un mercado competitivo buscará medios alternativos para cuadrar su caja sin comprometer los precios al público, porque estos precios son los que le permiten competir.

La filosofía socialista contrasta con esta filosofía libertaria. Según esta filosofía el objetivo de una empresa capitalista no es competir mejor en un mercado libre sino lograr el mayor lucro posible. Maximizar sus ganancias. Y una forma de mazimizar ganancias es entrar en acuerdos con la competencia para subir los precios y absorber a la pequeña competencia. Se forman así trusts, cárteles, surge el dumping y otras prácticas que distorcionan el libre mercado.

Los servicios básicos sólo están garantizados cuando existe un estado y este no está al servicio de los grandes capitales sino de los ciudadanos.  Es un estado que controle a las grandes empresas para que estas no abusen. Es un estado que no delega en la empresa privada asuntos sensibles como la seguridad ciudadana sino que monopoliza la fuerza.  Este estado socialista ideal es incluso lo suficientemente sabio para no permitir que los propios ciudadanos, encantados por los cantos de sirenas, lleguen a escoger limitaciones a su propia libertad.

Estos son dos extremos: la sociedad libertaria sin estado, o el sabio y omnipresente estado socialista.  Ambas filosofías de una forma u otra deslegitiman al estado democrático liberal: el uno porque sí es un estado, el otro porque no garantiza poner al ciudadano por encima de los intereses privados (olvidando que cada ciudadano tiene sus propios intereses privados).

Hay variaciones.  Los anarcosocialistas coinciden con los libertarios en que ningún estado es legítimo sólo que cambian el concepto de empresas capitalistas compitiendo en un mercado libre por empresas cooperativas autogestionadas.  Otros proponen estados que sean básicamente reguladores o, incluso, no más que estados árbitros: en estos estados la libre competencia entre empresas privadas prestan todos los servicios salvo la resolución de disputas que pueden ser prevenidas de antemano (estado regulador) o a posteriori (estado árbitro).  Los minarquistas proponen que el estado sólo controle a la fuerza pública, p. ej. manteniendo un ejército que defienda a la población ante ataques por otros estados.

En fin, hay muchos modelos políticos como escuelas filosóficas sobre la legitimidad del estado existen.

¿Qué hace al estado legítimo y a una mafia no?

¿Qué diferencia a un estado de una mafia?

Si bien no hay una respuesta universalmente aceptable, sí hay indicios.  En un estado liberal democrático no hay un solo dueño del estado sino que los funcionarios lo son gracias al pueblo soberano que los eligió o eligió a sus partidos.  Los funcionarios de carrera sólo llegan hasta cierto nivel, por encima del cual está el pueblo o las instituciones que representan al pueblo como un filtro para seguir ascendiendo.

Si bien eso suena muy ideal sí hay un contraste grande con la mayoría de las empresas de crímen organizado.  En estas sólo los funcionarios de carrera pueden llegar a las áltas dignidades donde compran su cupo por medio de alianzas y balas.  Ninguna mafia que dice representar a una población consulta a esa población cómo se debe administrar la mafia.  Sólo se impone.

El estado democrático liberal puede no ser tan idílico como lo acabo de describir, pero se legitima en la medida en la que el pueblo acepta participar y participa sin temores y tiene una capacidad real de elegir.  Así sea eligiendo los cantos de sirena de un político corrupto.  Los estados socialistas, minarquistas, etc. tienen sus propias legitimidades que, usualmente, son más válidas y más universalmente aceptables que las legitimidades de los grupos de delincuencia organizada.

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2 thoughts on “Entre la legalidad y la legitimidad

  1. Me gustó algo que trinó @pabloAbitbol: ” Desde Downs http://bit.ly/hQPPbb las ideologías políticas pueden considerarse mecanismos de compresión y transmisión, de la información requerida para tomar una decisión racional de participación política (mínimamente, el voto). Dado eso, me preguntaba si, entonces, quienes más informados están de la política, la economía, etc., menos necesidad tendrían de “tener clara” su posición ideológica; y al mismo tiempo, cómo pensarán quienes están en la política, y por tanto tienen mucha info., cuando se presentan como convencidos de la ideología que venden o mejor dicho, con la que se venden”.

    Lo traigo a colación porque pareciera no haber ideologías universalmente deseables, sino que cada caso puede requerir que se introduzcan matices: Posiblemente para ciertas comunidades pequeñas tenga sentido la anarquía o el libertarianismo, pero dudo que funcione en sociedades grandes con muchas personas apiñadas unas encima de otras. Así mismo una democracia exhaustivamente participativa donde se consulta y concerta para todo sea la mejor opción para una sociedad madura con ciudadanos altamente educados, pero no veo que cuaje en una comunidad pequeña donde sus miembros luchan por sobrevivir.

    No creo que ningún sistema sea intrínsecamente mejor que otro; más bien creo que cada sistema responde a necesidades diferentes. El truco está en identificar nuestras necesidades y tratar de aplicar el sistema que mejor lidie con ellas.

  2. Pingback: ¿Qué no vale? | The Chlewey Blog

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